Es razonable considerar con una perspectiva esperanzadora el proceso constitucional que Chile inició en octubre pasado y que, a medida que pasan los días, no sin dificultades, ha permitido ir disolviendo incertidumbres con miras a la inscripción de las candidaturas que se verificará a principios de enero. La formulación de un procedimiento justo, aunque no garantiza en sí mismo que el texto redactado sea un buen texto, es esencial para dotar a la nueva Carta constitucional de la máxima legitimidad. Este punto es crítico, puesto que desde que el tema del cambio constitucional emergió, al principio entre círculos minoritarios, el problema de la falta de legitimidad del actual cuerpo constitucional se esgrimió como una de las razones fundamentales.

Esa legitimidad cumplirá en el caso de la nueva Constitución los más altos estándares de nuestra historia institucional. Además del plebiscito de entrada (que se aprobó por alto margen), habrá un plebiscito de salida y la Constitución será redactada por una Convención electa democráticamente con altos quorum de aprobación. Se ha logrado hasta ahora introducir modificaciones en el sistema electoral para elegir a los constituyentes de manera de avanzar hacia una paridad de género y se ha creado un sistema para que un número no menor de escaños esté reservado para representantes de los pueblos originarios. Queda por aprobar, contra plazos inminentes, la modificación que facilita la inscripción y elección de candidatos independientes. La legitimidad brota, en tanto todos estos perfeccionamientos se consoliden, de que la ciudadanía pueda percibir nítidamente a la futura Convención Constituyente como un ente de origen democrático y, a la vez, que no sea una réplica de la composición actual del Congreso.

En este horizonte de búsqueda de una mayor legitimidad, la presencia de representantes directos de las etnias que habitaban nuestro territorio a la llegada de los europeos significa un cambio esencial en la forma en que la República de Chile se relaciona con esos pueblos, dotándolos, al más alto nivel, por primera vez, de una identidad y de un punto de vista propio, distinto al interés general, lo cual es lo que justifica que puedan elegir sus propios constituyentes. En otras palabras, esta rectificación implica reconocer que en el pueblo —el soberano— existen fuentes diversas de legitimidad, esto es, que no hay un único pueblo, sino varios, dotados de una cultura y voluntad propias.

No es necesario subrayar al lector la trascendencia retrospectiva de este cambio ya verificado, sin perjuicio de las consecuencias futuras que de esto se deriven a partir de los contenidos de la nueva Constitución. En la senda del futuro es preciso tener a la vista el origen que permanece y es un don.