TOMÁS VERGARA P.

El fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, abordó en el Congreso la operación mediante la cual la china State Grid busca adquirir la propiedad de CGE a los españoles de Naturgy, en una transacción que bordea los US$ 3.000 millones.

En la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, la autoridad reveló que a la fecha la compra aún no ha sido notificada por las partes, paso clave para el futuro de la misma, ya que por tratarse de una transacción de concentración, requiere el visto bueno de la autoridad.

“Si por alguna razón esta transacción no debiese pasar a la FNE, se tiene la facultad de revisar de oficio, incluso si es que fuese una operación de concentración y las partes lo omiten, la FNE puede solicitar la imposición de medidas muy duras por el incumplimiento”, dijo Riesco.

Sostuvo que cuando analicen la compra considerarán los aspectos centrales de la ley, que apuntan a que no se reduzca la competencia en la industria, ni que se excluya a competidores del mercado, afectando la calidad o el precio del servicio.

Advirtió que una vez que llegue la notificación de la “potencial, posible y proyectada” adquisición, tomarán en cuenta a todas las firmas chinas que operan en la industria eléctrica local. “No solo vamos a analizar la participación directa de State Grid en cualquiera de los tres sectores de la industria eléctrica, sino que cualquier otra empresa china controlada por la Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado (Sasac por sus siglas en inglés)”.

A través de esta instancia –dependiente del Consejo de Estado, vinculada a su vez al Partido Comunista-, el Estado chino controla las operaciones de estas firmas, las que están presentes en los tres segmentos del sector eléctrico de Chile.

“No solo nos preocupa la participación de mercado del agente económico específico que se concentre, sino que también pedimos información sobre las participaciones del grupo empresarial al cual pertenezca. Nos importan todos los agentes económicos que participan y tienen una toma de decisiones común”, agregó Riesco.

Varios expertos consultados opinaron sobre el foco del análisis sobre la operación. Tomás Menchaca, expresidente del TDLC, aseguró que es una decisión razonable y que estos actores chinos en Chile deben ser tratados como un solo grupo económico, por lo que los riesgos asociados a la operación aumentan. “Evidentemente esto es como un grupo económico, entonces si tiene participación en varios segmentos los riesgos aumentan, aunque sea a través de empresas distintas, ya que están bajo un mismo controlador, que hace que el riesgo de afectación a la libre competencia sea mayor”, dijo.

Felipe Cousiño, socio del estudio Alessandri, dijo que si bien es el camino adecuado, al funcionar como empresas separadas, con directorios autónomos, la toma de decisiones no estaría necesariamente radicada en el Estado chino. “No necesariamente las decisiones se toman todas en un mismo centro, muchas veces funcionan a través de diversas entidades autónomas. Aplicando el símil con las empresas chilenas, no tiene por qué el Metro y Codelco considerarse como una sola, cuando son completamente autónomas”, comentó.

El experto en libre competencia del estudio Lewin, Nicolás Lewin, apuntó a que los efectos de esto en la operación es que “amplía el número de empresas y actividades involucradas, pudiendo dar lugar a un mayor número de mercados declarables, ya que se consideran en el análisis no sólo los mercados en los que participa State Grid, sino que también aquellos en los que están empresas bajo la supervisión de la Sasac”.

Por su parte, los miembros de la Comisión de Economía alertaron por las posibles implicancias que podría tener que el Estado chino sea dueña de varias operaciones del sector en Chile, por lo cual acordaron citar a los ministros del Interior y Defensa para analizar esta situación desde una óptica geopolítica.

PREOCUPACIÓN

Los diputados se mostraron alerta por los

efectos geopolíticos de la operación.