Al reescribir esta columna (la versión anterior la dejé lista antes de que Manuel Merino renunciara), los parlamentarios peruanos estaban reunidos para elegir una nueva mesa directiva del Congreso, de donde saldría el cuarto Presidente del Perú en cuatro años. Qué importa ahora si la crisis surgió de un “golpe de Estado” o de un “golpe político” propinado por las fuerzas contrarias a Martín Vizcarra. Lo cierto es que Perú está inmerso en un marasmo del cual le será difícil salir sin altas cuotas de compromiso y respeto por esos acuerdos.

Ayer fue un día agitado, con miles de personas que volvieron a protestar para pedir la renuncia de Merino y se quedaron mientras los congresistas debatían. La “calle”, repetían los medios, le quitó la poca legitimidad que le quedaba a Merino, pero no quería la reinstalación de Vizcarra.

La movida del Congreso para “vacar” a Vizcarra tuvo visos de inconstitucionalidad, sin duda, pero no puede decirse que fue totalmente ilegal, pues tiene facultades para hacerlo. No obstante, sin exculpar al expresidente de los cargos investigados, era cuestionable la oportunidad de la destitución, cinco meses antes de las elecciones. Los mea culpa de varios parlamentarios por haber votado a favor confirman que fue una decisión imprudente y precipitada. Especialmente en los momentos difíciles que atraviesa el país.

Perú es una de las naciones más azotadas por la emergencia sanitaria, con miles de muertos que lamentar, y la consecuente crisis económica, que tiene a la economía en la UTI, con siete millones de empleos perdidos y un pronóstico de 12,5 por ciento de caída del PIB este año. Los paquetes de ayuda social no han sido suficientes y están en camino de echar mano a lo que queda de los fondos de pensiones, con la discusión de un nuevo retiro que puede llegar hasta el 100 por ciento de las cuentas individuales.

Por años, Perú estuvo entre los países con mayor crecimiento en la región y el frenazo lo desestabilizó. Se necesita estabilidad para emprender, y la crisis política no da garantías de que se logre, al menos, hasta elegir un Presidente en las urnas y saber si la correlación de fuerzas en el Congreso le dará gobernabilidad.

Como se sabe, parte importante de la inestabilidad política e institucional peruana surge de las difíciles relaciones entre el Ejecutivo y un Legislativo unicameral que tiene las atribuciones para aprobar los gabinetes y cesarlos, con lo cual el Presidente, si no tiene mayoría —como fue el caso de PPK y de Vizcarra—, está sometido a un permanente chantaje de los congresistas. La existencia de un sinfín de partidos de todos los signos, en su mayoría populistas, poco institucionalizados y que suelen responder a líderes con intereses personales o regionales, complica los acuerdos para aprobar las leyes. Claro, el Presidente puede disolver el Parlamento, pero esa atribución no ha evitado las últimas crisis.

El desprestigiado Congreso tenía anoche la obligación de designar a alguien por sobre cualquier cuestionamiento y actuar con sensatez para solucionar una crisis autogenerada.