Desde su origen medieval, las universidades luchan por su autonomía frente a los poderes que las consagran y financian; inicialmente papas, monarcas, emperadores y ricos burgueses de las ciudades. Defendían así el derecho de maestros y alumnos a gobernarse por sí mismos y dedicarse sin trabas a la reflexión, enseñanza e indagación.

Más adelante, al nacer los modernos Estados burocráticos (siglo XIX), las universidades definen su autonomía en el marco creado por la legislación y las políticas gubernamentales. Su autonomía sirve ahora de base para el autogobierno de las instituciones, protege la carrera profesional de los académicos y las libertades de enseñanza e investigación.

Actualmente el cuadro se ha vuelto más complejo. Las universidades se relacionan con una diversidad de poderes y buscan mantener su independencia frente a ellos. ¿Cuáles son?

Los poderes del Estado como regulador, evaluador, fiscalizador y financiador de las universidades. En seguida, aquellos de otras partes interesadas externas que reclaman atención y a veces prestaciones de la universidad, como empresas, partidos, organizaciones sociales y medios de comunicación. Por último, de los actores internos —académicos y estudiantes, personal directivo y gerencial— que a veces usan a sus organizaciones en beneficio propio, desviándolas del compromiso de obedecer “tan solo a la legislación de la razón” (Kant).

En Chile, las relaciones de las universidades con el Estado se hallan en mala situación, debido a la forma como las administra el Gobierno.

El financiamiento de las instituciones se ha desordenado. Las universidades experimentan recortes y reasignaciones presupuestarias que les causan menoscabo, mientras continúa sin estabilizarse el esquema de ayuda estudiantil en sus componentes de gratuidad, becas y créditos. La inversión en ciencias, artes y humanidades continúa estancada. La fijación de aranceles se ha vuelto un verdadero nudo ciego.

En cuanto al aseguramiento de la calidad, una propuesta reciente de la CNA sobre criterios y estándares ha resultado un fiasco. Pone en riesgo la autonomía, el autogobierno, la diversidad y el desarrollo académico de las universidades, sujetándolas a un régimen burocrático de control panóptico.

Puede entenderse que el Gobierno esté sobrepasado por los múltiples problemas con que debe lidiar. Igualmente, que varios desarreglos del sector provienen de una ley mal diseñada por la anterior administración. Incluso, la sensación gubernamental de que las universidades reclaman nada más que en favor de sus intereses corporativos.

En cambio, no se entiende que permanezca imperturbable frente a la generalizada reacción negativa provocada por las medidas que impulsa o debiera coordinar. Tampoco, el no dar señales ante la magnitud de los daños que podría experimentar el sistema. Menos aún, que asista a este debate como convidado de piedra, siendo protagonista del rumbo que sigue el sistema y responsable de las acciones para modificarlo.