“La suerte está echada”, se cuenta que exclamó Julio César al cruzar el río Rubicón, sabiendo que por compleja e incierta que fuera su situación, ya no podía volver atrás.

Nosotros también nos acercamos a territorio desconocido, por un camino que tardaremos dos años en recorrer, para reconstruir nuestra institucionalidad y asegurarnos de que la Política sea la alternativa a la guerra.

Los constituyentes diseñarán, dentro de los límites que el mandato constitucional les impuso, las normas específicas para representar las aspiraciones políticas de la población. Sin embargo, hay principios fundamentales —muchos bastante obvios, pero a menudo ignorados por las oligarquías políticas del Congreso— en los cuales debemos insistir. El primero es el Imperio de la Ley, tal vez uno de los más importantes hitos del proceso civilizatorio, cuando las personas dejaron de ser gobernadas o juzgadas por la arbitrariedad de quienes detentaban el poder y pasaron a ser regidos por normas definidas y conocidas con antelación. Ya lo había dicho Aristóteles: “es mejor que sea la ley la que gobierne antes que uno de los ciudadanos, de modo que incluso los guardianes de la ley obedezcan la ley”, porque, como afirmaba Locke en 1690, “allí donde termina la ley, comienza la tiranía”.

Eso exige que todos, desde los más poderosos a los más humildes, gobiernos y gobernados, sean igualmente sometidos a la ley. Esto incluye con mayor razón aún a quienes han sido elegidos y tienen poder sobre nuestra libertad, patrimonio y vida. Cuando ellos actúan por sobre la ley, incluso por encima de la ley fundamental de la nación, nos acercamos a esos temores que con tanta claridad expresaba John Locke.

Igual inseguridad acecha cuando los jueces imponen su particular visión de la justicia, siempre subjetiva y arbitraria, por sobre la ley anteriormente definida y conocida por todos. El gran jurista Sir Mathew Hale ya recomendaba en 1671 que “en la ejecución de la justicia dejaré cuidadosamente a un lado mis pasiones y no cederé ante ellas, aunque sea provocado; no tendré prejuicio alguno antes de oír a las dos partes; no me dejaré llevar por la compasión a los más pobres ni para favorecer a los más ricos; el aplauso popular o la desaprobación no tendrán influencia alguna en cómo imparto la justicia; no seré solícito ante lo que los hombres digan o hagan, mientras me mantenga dentro de los dictados de la ley”.

Una de las mayores innovaciones de la época moderna ha sido el constitucionalismo, que aspira a garantizar gobiernos con poder suficiente para preservar la libertad, el orden y la ley, pero limitados por equilibrios y contrapesos, por ciertos derechos individuales inalienables y por la autonomía sobre amplias esferas de la vida personal que no deben estar sujetas ni ser decididas por la soberanía popular.

El gran juez británico Tom Bingham agregaba una intangible clave: los políticos deben “ejercer el poder que les ha sido conferido con buena fe y razonablemente, para el propósito para el cual este fue conferido y sin exceder sus límites”. ¿Alguien puede sostener que la reciente acusación al ministro del Interior se ajusta al imperio de la ley, así concebida?