Ningún proyecto de nueva Constitución será viable si el país no es capaz de aislar y derrotar a quienes han escogido la violencia como método político, e incluso muestran disposición de levantarse en armas contra el Estado democrático. El asesinato en La Araucanía de Eugenio Naín Caniumil, cabo segundo de Carabineros, ha confirmado una vez más que el país tiene un tumor frente al cual no es posible cerrar los ojos. La llamada “causa mapuche” no es sino la coartada de los grupos político/delictivos que han causado devastación y dolor en el sur. No hay duda de que esos grupos traspasaron su experiencia a los aliados de Santiago y otras ciudades para que actuaran del modo brutal que lo hicieron desde el 18 de octubre de 2019. En defensa de nuestra convivencia en libertad, es imprescindible desarticular a esos grupos allá y acá.

Chile no podrá erradicar la violencia sin un compromiso real de todas las fuerzas políticas con los fundamentos del Estado de Derecho, y eso está por lo menos en duda respecto de quienes votaron el miércoles 28 de octubre en la Cámara contra el proyecto que modifica la ley orgánica constitucional sobre el funcionamiento de los partidos. Estos deberían, en su declaración de principios, renunciar expresamente “al uso, propugnación o incitación a la violencia en cualquiera de sus formas como método de acción política”. El proyecto fue aprobado en general por 92 votos a favor, 38 en contra y 17 abstenciones.

Votaron contra el rechazo explícito de la violencia 13 diputados del Frente Amplio, ocho del PC, cinco del PS, un DC, un RN, un PPD, dos regionalistas verdes sociales, un ecologista, P. Jiles y F. Alarcón, y cinco independientes, entre ellos, Marcelo Díaz, exministro de la Presidenta Bachelet. Es la prueba de que una fracción significativa del Parlamento no tiene convicciones en una materia tan definitoria como la adhesión a los principios, normas y procedimientos de la democracia representativa. Muchos de ellos actúan según los vientos que soplen, preocupados ante todo de no ofender a los activistas del vandalismo. Los jóvenes diputados del FA en particular, que hacen la revolución ante las cámaras de TV, parecen no conocer la historia del aprendiz de brujo. Y los políticos veteranos que los siguen parecen embriagados por la sensación de ser jóvenes osados de nuevo.

Hay fuerzas parlamentarias que usan la institucionalidad como instrumento para abrirle camino a otra metodología de acceso al poder y que, para lograrlo, toman de esa institucionalidad solo lo que les sirve. Juegan con fuego, pero las llamas pueden alcanzarnos a todos. El discurso que justifica la violencia puede validar, llegado el momento, la ruptura del orden legal para “defender al pueblo” y establecer un régimen supuestamente superior. Es como si la historia no enseñara nada.

En este cuadro, es deplorable que haya quienes piden indultar a los responsables materiales de la devastación y el pillaje que cayeron sobre Chile, y que apelen a una especie de excusa moral para hacerlo. Nos dicen que la violencia física se explica por la “violencia estructural” que hay en la sociedad, con lo que se alude a la desigualdad y a las injusticias. El juego de palabras se presta para cualquier cosa. No sabemos si Benito Baranda, que lo usó recientemente, está enterado de que tal recurso estuvo en la base de las proclamas que, hace muchos años, no pocas personas bien intencionadas, incluso sacerdotes, levantaron en América Latina para validar la lucha armada como camino de redención social. Muchos jóvenes que creyeron en eso en los años 60, 70 y 80 fueron devorados por la violencia. No decimos que Baranda esté pensando en tal cosa; tan solo que es mejor no entregar mensajes equívocos a los jóvenes que carecen de brújula familiar, lo ignoran todo sobre la historia y necesitan una mínima orientación sobre los límites de la vida en comunidad.

El país necesita paz y estabilidad, en primer lugar. Ojalá que el plebiscito ayude a eso, pero sus efectos se conocerán recién en 2022. Esto no significa que el país esté en tierra de nadie, como parece creer la diputada del FA que dijo que la Constitución actual había sido derogada. Tampoco justifica el disparate de proponer la disolución del Congreso cuando se instale la Convención Constitucional. Todo sugiere que viene un empeño demagógico por “correr el cerco” para conseguir que la Convención funcione como asamblea constituyente de facto, lo que seguramente incluirá diversas formas de presión desde la calle.

En los tiempos que vienen, se necesitará templanza y coraje de los líderes políticos responsables. El país transitará por un terreno desconocido, con dos parlamentos en los hechos, en medio de una macrocampaña electoral, y lo único que no puede ocurrir es que se debilite el Estado de Derecho. La primera condición es rechazar la violencia.

Sergio Muñoz Riveros