Tras la jornada plebiscitaria del domingo, y conocidos los resultados de esta, los chilenos, esperanzados y otros escépticos, y aún conscientes de las incertidumbres y desafíos que tenemos por delante, experimentamos la sensación de que nuestro país es capaz de entenderse por la vía institucional y no por la del desalojo violento de los proyectos políticos diversos, legítimamente electos.

Lo del domingo (y más allá del hecho que lo originó, respecto del cual me temo siempre habrá distintas visiones) fue un acto cívico que nos recordó cuán importante y valioso es nuestro compromiso de adherir a las normas, nos gusten ellas o no. Se trata de un pacto fundamental para el desarrollo en paz de nuestra vida en sociedad y para el proceso que viene. Más allá de las emociones que nos pueden provocar las reglas del juego, el respeto por el Estado de derechos la condición básica que posibilitará el comenzar a desatar el nudo en el que nos encontramos y dar viabilidad, con seriedad y expectativas ajustadas a la realidad, a las demandas ciudadanas.

¿Fue el proceso del domingo prueba suficiente de la disposición a adherir a las normas? El asunto no es claro. Transcurridas tan solo 48 horas desde el plebiscito, los chilenos volvimos a experimentar incertidumbre de la mano de la política que ha de conducir este proceso. Mala noticia en momentos en los que los ciudadanos buscamos, casi con desesperación, señales algo más alentadoras, que nos permitan sostener, con buena base, que la política estará a la altura. Y es que paradojalmente, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados nos decía fuerte y claro el martes pasado que un Poder del Estado actúa sin control o contrapeso alguno. Un verdadero peligro para nuestras libertades. Eludiendo nuevamente las normas sobre iniciativa exclusiva del Presidente de la República (al parecer esas reglas no les gustan —tomemos nota para el debate que viene—) y por una abrumadora mayoría, respaldaron, en general, el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Es una mala política pública, como se ha hecho ver de pe a pa, pero la comisión de Constitución está por sobre los argumentos. Embobados por la inmediatez y otros con el ánimo evidente de desmantelar el sistema de pensiones (lo que disfrazan de buenismo para apoyar al compatriota desvalido, en circunstancias que ese compatriota no tiene saldo alguno que retirar), los miembros de la comisión dieron su apoyo casi unánime a la iniciativa, salvo por el voto en contra del diputado Jorge Alessandri, que no solo dio muestras de su voluntad de adherir a la institucionalidad sino, además, de que no tiene complejos para defender sus convicciones. El Gobierno también lo hizo a través de una contundente intervención del ministro Briones y del subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, quienes, en los pocos minutos que la comisión tuvo a bien en darles, efectuaron una defensa de la institucionalidad con miras a proteger a los ciudadanos.

De manera más anecdótica, pero no por ello menos preocupante si se considera que en el último tiempo la extrema izquierda ha llevado la voz cantante, Marco Enríquez-Ominami llamó a adelantar las elecciones presidenciales y a que el Congreso se disolviera mientras sesiona la Convención Constituyente. La diputada Castillo, de Revolución Democrática, nos decía en tanto que la Constitución fue derogada el domingo por el pueblo de Chile, a pesar de que las reglas dicen que no lo estará sino hasta que se publique en el Diario Oficial el nuevo texto constitucional. Es cierto, y valga el reconocimiento, que los líderes del PS, PPD, DC y PR salieron a desmarcarse y en buena hora de la borrachera de ME-O, pero el asunto de la “Constitución derogada”, que no solo sostiene la diputada referida, es bastante más complejo e implicaría que por los próximos años esto será algo así como la ley de la selva, cuestión que no resiste análisis.

El asunto es el siguiente. Estamos embarcados en el proceso político institucional más importante desde el regreso a la democracia. Es la oportunidad que tienen los políticos, insustituibles conductores del proceso, para mostrar su férrea disposición a adherir a las reglas y a consensuar un texto que supere las emociones momentáneas y establezca las condiciones básicas para que Chile retome la senda del progreso, la sana convivencia y el bienestar de su población. ¿Qué harán los directores de orquesta del proceso? ¿Continuar haciéndole un flaco favor a la política y a la oportunidad con la que cuentan para encaminar esto correctamente? Noticia en desarrollo.