Luego del categórico resultado del plebiscito, ahora debemos centrarnos en los contenidos de la Constitución. El principal desafío para que se reactive Chile es despejar bien las enormes incertidumbres que tenemos, de las cuales la principal es la constitucional y encauzar ese proceso por los mecanismos institucionales vigentes.

Cuáles serán los contenidos de la nueva Constitución, cómo será su proceso y la evolución de la violencia, son las mayores incógnitas. Mientras no nos pongamos de acuerdo en los temas centrales que son determinantes de la vida económica de un país, persistirá un alto nivel de incertidumbre, que puede durar todo el período de redacción de la nueva Constitución si no se vislumbran esos acuerdos. Además, hay otros focos de incertidumbre que continuarán presentes, como la pandemia, el nutrido calendario de elecciones (siete en los próximos 18 meses) y la violencia. Las democracias se fortalecen con la participación pacífica y se debilitan cuando la violencia se toma las calles.

En materia de orden público económico, la nueva Constitución debería preservar una serie de principios y garantías, como son, entre otros, la autonomía del Banco Central, sin rebajarla a materia de ley, sino manteniéndola a nivel constitucional. En la práctica, esto significa que los consejeros no puedan ser acusados constitucionalmente por el Congreso ni tampoco removidos por el solo arbitrio del Ejecutivo, una característica esencial para su autonomía. El Banco Central es un gran activo del país, reconocido internacionalmente por su carácter técnico y autónomo, que ha contribuido al progreso y a la estabilidad económica con el marco legal vigente.

Es clave también mantener la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materias de impuesto y gasto público, y la no afectación de impuestos —es decir, que los impuestos no pueden tener destino específico—. Erróneamente, algunos creen que la iniciativa exclusiva tiene su origen en la Constitución de 1980; en realidad, su origen se remonta a la Constitución de 1925 y a la reforma de 1943 bajo el gobierno de Juan Antonio Ríos. En materia de actividad económica del Estado, la actual Constitución no ha sido obstáculo para que el Estado crezca, y debería refrendarse el principio de no discriminación económica arbitraria entre emprendimientos públicos y privados.

También es importante incluir algunos temas nuevos, como que el principio de responsabilidad fiscal se eleve a nivel constitucional —hoy existe una Ley de Responsabilidad Fiscal—. También deberían incorporarse los principios de eficacia y eficiencia del Estado. En materia económica, la nueva Constitución debería ser una base de sustento para transformar a Chile en un país desarrollado, atractivo para la inversión extranjera, permitir que el país crezca, genere empleos y oportunidades, lo que traerá mayor recaudación para financiar programas sociales a través de un aumento de la base tributaria.

Los derechos sociales serán otro tema importante para la nueva Carta Fundamental. Establecidos como principios, ellos tienen cabida en muchas constituciones. Sin embargo, el mero hecho de poner un derecho en la Constitución no significa que vaya a ser satisfecho. Es interesante constatar que de los 10 países que más derechos resguardan en la Constitución, todos tienen ingresos por habitante inferiores a los US$ 10.000 anuales, excepto Portugal. Entre ellos están Ecuador, Bolivia, Venezuela, Cabo Verde, Armenia y Angola.

En definitiva, uno de los riesgos de la proliferación de derechos en la Constitución es la frustración que ello puede traer a la gente, la judicialización del proceso cuando las personas quieran conseguir esos derechos y el peligro para las finanzas públicas —que ya se encuentran muy exigidas—, porque no hay suficientes recursos públicos para satisfacer todas las demandas. Además, esto puede llevar a una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, lo que también debería evitarse. Establecer el principio de responsabilidad fiscal a nivel de la Constitución es una forma de abordar este problema.

Felipe Larraín Bascuñán
Profesor titular PUC, Facultad de Economía y Administración y Clapes UC
Exministro de Hacienda