El plebiscito, por el nivel de participación y la contundencia de su resultado, valida y ratifica el camino establecido por nuestro sistema político para canalizar el estallido social. La legitimidad que logra la salida institucional debe ser valorada por los agentes económicos, pues fija una ruta dentro de las reglas del juego y establece reglas y plazos para la redacción de una nueva Constitución.

El domingo votó sobre el 50% del padrón electoral, más que en la segunda vuelta presidencial de 2017. Comunas con alta marginalidad, como La Pintana y Lo Espejo, aumentaron su participación en 41% y 23%, respectivamente. Cuatro de cada cinco votantes, se inclinaron por cambiar la actual Constitución. Hubo una expresión clara de los pasos que quieren seguir los chilenos y chilenas.

No es fácil predecir ni cuantificar cuánto afectará este proceso histórico a nuestra economía. Los cambios profundos de las reglas del juego siempre tienen un impacto en nuestra economía, por la incertidumbre que provocan las nuevas normas y por la forma en cómo se desarrollará el proceso y sus plazos. Si en menos de dos años logramos concordar una Constitución con la que estemos cómodos, que recoja los lineamientos generales del país que queremos, este habrá sido un paso importante para crecer y mejorar el bienestar de nuestra población.

Desconocemos cómo se avanzará. Pero tenemos claro tres puntos. Sabemos que, después del estallido social, la institucionalidad vigente estaba siendo sobrepasada, con grandes dificultades para mantener el orden público. Esto era una fuente enorme de incertidumbre para la economía.

Segundo, que nuestro sistema político reaccionó y logró canalizar este malestar llamando a pronunciarse sobre una nueva Constitución y cómo debía redactarse. A pesar de todas sus debilidades, nuestra política pudo canalizar y salir de la situación institucional extremadamente compleja que vivimos después del 18 octubre y que pudo tener un desenlace impensable.

Tercero, el plebiscito de este domingo fue un acto cívico ordenado donde los chilenos validaron la ruta trazada en noviembre de año pasado. Y plantearon de forma categórica que quieren cambiar esta Constitución, tanto por su origen como por el sesgo que tiene.

El proceso no está exento de riesgos. El no llegar a acuerdos en las reglas de funcionamiento de la Convención Constituyente, posturas extremas que impidan alcanzar el apoyo de los dos tercios, que crean que todo se soluciona porque se incorpora en la Constitución, podría tener resultados muy negativos para el país y su economía, como sacrificar la solvencia fiscal, uno de nuestros activos.

Si a lo anterior le sumamos el impacto brutal que ha implicado el covid-19, que ha provocado la pérdida de más de un millón y medio de empleos desde marzo, y la incertidumbre que existe a nivel mundial respecto de la duración de esta crisis económica-sanitaria, el escenario es todavía más complejo.

Aunque este martes se mantienen las inquietudes anteriores y la frágil situación de nuestra economía, a diferencia del viernes, tenemos una ruta institucional refrendada por la ciudadanía. Esa es una buena noticia que debe reducir la ansiedad de los agentes económicos.

Alejandro Micco A.
Profesor de la Facultad de Economía de la U. de Chile