En este incierto momento histórico de Chile, recordemos que en ningún país hay paz política posible sin instituciones respetadas y legitimadas. Con amistad cívica tratemos de organizar la política institucional para el siglo XXI.

Chile tiene una tradición republicana basada en la separación de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y desde muy temprano en su historia se dotó de un orden civil institucionalizado. Si las fuerzas políticas moderadas logran ahora ponerse de acuerdo y aprobar por dos tercios los temas constitucionales, podríamos tener una Constitución que nos dé el marco para iniciar un proceso de reencuentro. Pero si priman los extremos, la descomposición política va a ser larga, dolorosa y de alto costo.

La Constitución de 1925 se logró sobre la base de una reforma de la de 1833, y esta a su vez se planteó como una reforma de la de 1828; y la del 80 recoge gran parte de la del 25. Hubo siempre un eje central que recogía un ordenamiento y lo adaptaba a las nuevas necesidades.

Entender esto es importante para los futuros legisladores elegidos. La idea de un proceso constitucional implica no partir de cero. Chile fue avanzando desde el siglo 19 hacia cada vez mayor participación, y su sistema republicano fue de los primeros estables en la región. Pero demasiados chilenos no lograron surgir, no fueron acogidos ni hubo una cancha pareja para los niños, algo que se ha vuelto intolerable. Para lograr un entendimiento social que repare esos vacíos, la Constitución debe ser el símbolo de legalidad acordada. Hoy todo está cuestionado, las instituciones deslegitimadas. Este proceso debe ser un marco para recuperar nuestra cohesión nacional.

Debe quedar muy bien establecido cómo se va a generar el poder, y su equilibrio en distintas instituciones; cómo se van a resguardar los derechos de los gobernados frente al poder; y garantizar la propiedad privada, la honra de las personas y la seriedad de los contratos; propender a un Estado con una burocracia acotada y muy eficiente para garantizar la igualdad de oportunidades de los chilenos; asegurar el respeto a la ley, y su espíritu, por parte de empresarios, parlamentarios, y en todas las instituciones. Cierta derecha deberá dejar de ser tan economicista y ver el país en su conjunto, y cierta izquierda dejar sus trincheras de lucha disruptiva y sumarse a una propuesta justa en paz. Todo muy difícil, porque nuestra sociedad nunca ha valorado la formación cívica sistemática.

Se trata de sumar voluntades sensatas en un texto común que no va a dejar contentos a todos (la política es el arte de lo posible, no del 100%) pero que es vital para terminar bien este raro proceso iniciado con violencia el 18-O. La crisis del Centenario duró años. Ojalá esta del Bicentenario sea más benevolente.