No existe una expresión más cruda de las diferencias en Chile que la Educación Física. Lo que se enseña y cómo se enseña en un colegio particular pagado con respecto a uno fiscal son de un desequilibrio absoluto. En recursos, infraestructura, capacidad académica y competencia, lo que genera, desde el origen de la educación, un abismo doloroso e injusto. Una niña o un niño que se educa al amparo del Estado en nuestro país lo hará en condiciones infinitamente más pobres y precarias que quienes tienen el privilegio de hacerlo en una institución privada. Y eso genera una desigualdad imposible de remediar posteriormente.

Eso lo saben todos los gobiernos del país desde hace décadas, pero jamás lo han remediado. Las horas destinadas a la educación física se reducen en lugar de crecer, las competencias a nivel escolar son más potentes y vigorosas en el sistema pagado que en el público y la última gran inversión estatal en deportes se ha destinado a construir estadios para la competencia profesional o para organizar eventos más que a dotar a las regiones de gimnasios utilizables a nivel escolar.

Hoy, cuando tenemos la certeza de que podremos escribir una nueva constitución para dotar a la sociedad de mejores opciones de desarrollo social, deberíamos esmerarnos en disminuir esa brecha. Durante las últimas tres décadas se creó el Ministerio del Deporte y se han hecho esfuerzos importantes por entregar las herramientas legales para el mejor funcionamiento de las federaciones, pero es muy poco lo que se ha avanzado en materia de educación, quizás porque no hemos podido ponernos de acuerdo en la importancia de la formación temprana de todos los niños, pero fundamentalmente de aquellos que no disponen de los recursos mínimos que les garanticen la práctica colectiva del deporte.

Así como no hay con frecuencia menciones a estas materias en los programas de gobierno o en los mensajes presidenciales, tampoco lo hay en la constitución que estamos a punto de jubilar. Y sería tiempo —ahora que escribiremos una nueva— de considerarlo seriamente. Hay países que han incorporado la actividad deportiva como derecho fundamental, como Portugal, Colombia y Paraguay. España, después de Franco, redactó una norma señalando que, “los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte”. México proclama que “toda persona tiene derecho a la cultura física y práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo”. Los griegos fueron aún más lejos, disponiendo que, “los deportes quedan bajo la protección y alta vigilancia del Estado que subvencionará y supervisará las uniones y asociaciones deportivas de toda clase”.

Hoy, cuando el país celebra como hecho histórico que la ciudadanía pueda otorgarse una nueva constitución, sería saludable pensar que corregiremos ese error fundacional para comenzar a dar pasos en un sendero más complejo: el cambio cultural. Para desde ahí comenzar a soñar, concretamente, en una sociedad donde todos nuestros niños y niñas tengan acceso igualitario, constante y preferente a la práctica deportiva.