El eventual nuevo retiro de otro 10% de los fondos previsionales es, posiblemente, el debate de política pública más importante del momento. Ad portas del plebiscito del cual podría derivarse un proceso de modificaciones constitucionales significativas, y en medio de un clima de violencia, esta discusión aparece como ícono de una forma de debate público que, basada en concepciones erróneas, amenaza con provocar un daño significativo al desarrollo.

Por cierto, la situación de muchas familias se ha visto fuertemente deteriorada en estos meses, y aunque las ayudas públicas han sido relevantes, la realidad en muchos casos es dura. Sin embargo, volver a hacer uso de los fondos para la vejez involucrará importantes costos para esas mismas personas en su etapa de jubilación. La popularidad del primer retiro no es señal de que haya sido una buena política pública; al contrario, da cuenta precisamente de por qué es necesario el ahorro obligatorio para la vejez, al ser una tendencia natural de las personas privilegiar sus necesidades presentes. Pero, además, la ruptura del principio de que ese ahorro no puede ser usado en otros fines sentó un complejo precedente, en que ahora se multiplican las justificaciones para nuevos giros y con ello los problemas para la sustentabilidad de cualquier sistema previsional.

El debate también pone en cuestión la credibilidad de políticos que antes aprobaron el primer retiro asegurando que sería una medida excepcional. Hoy muchos se muestran abiertos a la idea de un segundo retiro, aun cuando existe conciencia del inmenso daño al ahorro, las pensiones y las cuentas públicas que de ahí se derivaría. Es ello señal de un debilitamiento de las convicciones, pero también plantea un desafío para todos aquellos sectores —de gobierno y oposición— que tienen una visión constructiva del país. Son estos quienes deben asumir la responsabilidad de alcanzar entendimientos que permitan fortalecer un sistema de pensiones sustentable en el tiempo, donde la capitalización individual —apoyada por la mayoría de la población— ha de seguir jugando un papel central. Tal acuerdo es —como ha señalado el ministro de Hacienda— incompatible con la posibilidad de un nuevo retiro que siga debilitando el principio de la intangibilidad de los ahorros previsionales, sin el cual ningún sistema de pensiones —tampoco el reparto— podría ser en definitiva viable.

Un acuerdo así permitiría zanjar un tema de alta preocupación para los chilenos y verdadero nudo del debate político-económico. Sería además una positiva señal para las inversiones y para quienes observan nuestra capacidad de mantener la seriedad en el debate de políticas públicas. La gravedad de este asunto es tal que un entendimiento puede transformarse en un catalizador de mejores expectativas para el intenso período político que comenzamos.