Señor Director:

El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, firmado en noviembre pasado, señala: “ante la grave crisis política y social del país…, se acuerda una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y justicia social”, añadiendo que los partidos que firman “vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público” y “el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”. No obstante, la violencia continúa; la institucionalidad democrática no se respeta (sin pudor se aprueban leyes inconstitucionales); los mecanismos institucionales se usan de modo tal que se torna ilusorio cautelar el orden público (continuas acusaciones constitucionales), y Carabineros se ve inhibido de cumplir eficazmente sus funciones.

Mas, a pesar del incumplimiento del compromiso en orden a garantizar la recuperación de la paz y respetar la institucionalidad democrática vigente, deberá siempre cumplirse la otra parte del acuerdo, aquella que llevó a cambiar las reglas de modificación a la Constitución.

Cuánta falta de estudio de la historia. Si nuestros dirigentes hubiesen conocido el contexto que rodeó la firma del Estatuto de Garantías Democráticas suscrito en 1970, sobre el cual el entonces senador Allende declaró en el Congreso que debía entenderse “como la regla moral de un compromiso para ante nuestra propia conciencia y ante nuestra historia”, y que no obstante tan rotunda declaración fue letra muerta, nuestros líderes políticos habrían previsto que el Acuerdo suscrito en noviembre carecería luego de valor y no habrían aceptado conducir al país a la situación en que se encuentra, en que los ciudadanos deberemos votar por opciones cuyas consecuencias finales ignoramos, a riesgo de derrumbar la institucionalidad democrática que, sin perjuicio de las necesarias reformas que toda norma exige en el tiempo, permitió a Chile décadas de estabilidad democrática y desarrollo.

El incumplimiento del Estatuto aquel llevó al país a un quiebre institucional con tristes consecuencias; aún desconocemos los derroteros que el país deberá recorrer como resultado del Acuerdo de 2019.

Hay sectores políticos a los cuales nada enseña la historia; hay otros que parecen no conocerla.

Ana María Díaz M.
Abogada