El relanzamiento del afán de amenazar con penas de cárcel el negar o poner en tela de juicio las violaciones de los derechos humanos durante el régimen de Pinochet lleva a preguntarse por la finalidad de esta medida. En su origen, quizás una indignación moral; en cambio, la tozuda insistencia en esta prohibición viene a constituir un propósito avasallador. Porque es más que prohibir, de por sí coactiva, un “no digas eso”; se trata de una conminación cargada de amenazas explícitas: “debes decir esto y aquello, y punto”, camino a la neolengua del totalitarismo. También constituye una defensa bien pobretona de la mentada memoria, la que solo podría sobrevivir mediante prohibiciones.

El tema que se hereda con las violaciones de los derechos humanos en Chile no se va a borrar con facilidad; nunca en toda su historia el pasado (formado o deformado) ha estado tan presente como en nuestros días. Ello no implica sin embargo una comprensión y maduración automáticas del conocimiento de esos hechos. Con amenazas de cárcel se actúa como inquisición, que demanda adherir sin chistar a un catecismo político. La prohibición solo afectaría el carácter de las democracias liberales, las únicas donde en la modernidad puede existir Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos. En los otros sistemas daría lo mismo y al final, según vieja experiencia, sería indiferente para las grandes masas.

Pobre argumento es el de aquel que se sustenta con amenazas de cárcel (en Tanzania hace unos años se legisló para castigar con tres años de cárcel al que pusiera en tela de juicio las estadísticas económicas oficiales; en esa estamos). El mismo concepto de negacionismo, más que apreciar un juicio, se usa como moneda de cambio, como en los matinales, y a estas alturas poco significa. Se puede entender el caso de Alemania, porque siempre hay alguna excepción; allí es un trauma que no lo superará jamás, mientras sea humanamente posible predecirlo; también en ese país ha habido abusos en este sentido.

Pero como nadie envuelto en esta polémica es un caidito del catre, se sabe a dónde conducen estas propuestas, a imponer una visión unilateral, arma de batalla política y cultural, que quiere imponerse también en la educación escolar, prohibiendo cualquier pregunta o duda acerca de una versión, como que está acompañado por la campaña para que los padres no tengan una palabra —al menos— en la educación de sus hijos. Por ejemplo, para confrontar este despropósito, debería permitirse que los padres puedan escoger para sus hijos entre diversos manuales de historia de Chile, que tengan calidad desde luego.

En efecto, tras esa palabra artificiosa de “negacionismo”, se anida la voluntad consciente o no de controlar la versión de la historia y expulsar del territorio del conocimiento toda deliberación racional sobre el pasado. Viene a ser finalmente una negación de la historia, el verdadero negacionismo, en concordancia con fenómenos solo en apariencia disímiles, como el arrasamiento de monumentos, museos e iglesias en lo que vino en llamarse “estallido”; y con la eliminación de la historia en los últimos años de la enseñanza media.

Con un “nada que ver”, se pretende anular esta comparación. Por el contrario, al menos en el subconsciente las tres pretensiones proceden de la misma fuente: un tiempo que debate con fervor sobre la historia renuncia taxativamente a su conocimiento, reemplazándolo por el apedreo. En la antesala del plebiscito, es como para inquietarse por el afán de convertir al Parlamento en legislador permanente, en asamblea incesante que responda a cualquier veleidad.