No cabe duda de que estamos viviendo tiempos extremadamente complejos. En materia laboral, y a pesar del incipiente repunte que mostraron los datos esta semana, la situación es muy preocupante.

La tasa de participación en el mercado laboral sigue siendo muy baja y es posible que por un tiempo, tal vez más largo del que esperamos, nos enfrentemos a altos niveles de desempleo, lo que es alarmante por las consecuencias que ello implica para el bienestar de las personas y de las familias. Vislumbramos un horizonte lleno de exigentes desafíos, los que habremos de enfrentar, además, de la mano de la gran incertidumbre que implicará el proceso constitucional de ganar el Apruebo.

La pregunta es si los actores políticos estarán a la altura de la envergadura y del cúmulo de desafíos que enfrentamos. Con gran preocupación, me parece constatar que la respuesta no es clara. Y es que desde octubre de 2019 lo que vemos es un franco y preocupante desorden que en nada ayuda a construir confianzas y menos certezas, tan necesarias para salir de la penumbra económica en la que estamos sumidos.

Para muchos, a partir de octubre pasado, cumplir con el Estado de Derecho en Chile ha pasado a ser una cuestión de gustos. Si la regla no les gusta, se la saltan. Si, por el contrario, la regla parece sensata, pero aún más sensata o justa les parecen las metas o ideologías que se quieren alcanzar, entonces al diablo con la regla. Así al menos ha venido ocurriendo con la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Como la infracción a la regla no tiene consecuencias (las tendrá, pero en el mediano plazo), entonces no solo se infringe una vez, sino que una y otra vez. Y así somos testigos del avance de la moción parlamentaria que permitiría un segundo retiro del 10% de los ahorros para la vejez, la que no solo vulnera las reglas del juego, sino que lo hace a costa de las pensiones de las personas de menores recursos y con un velado ánimo de horadar el sistema de pensiones en general (aunque se disfrace de buenismo temporal).

Pero como respecto del primer retiro del 10% no se ejercieron las acciones para hacer valer el Estado de Derecho y algunos incluso valoraron su aporte en la reactivación económica, no hay primera sin segunda. Vienen por todo, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Lo más insólito de este nuevo episodio es que ha trascendido que la fórmula para ponerle atajo sería avanzar con la reforma previsional que está en el Senado. Como si fueran políticas públicas sustitutas. Algo así como te cambio el segundo retiro del 10% (para que no prospere), por una reforma de pensiones, a la pinta de la oposición. Evitamos un daño inmediato a las pensiones a cambio de generar otro muy profundo y definitivo en el sistema en su conjunto. No se entiende. Ciertamente, el norte no es crear un ambiente de certezas, tan necesarias en estos tiempos. Más bien parece falta de coraje para reivindicar un sistema que, aun cuando perfectible, es infinitamente mejor que el que se impondría de prosperar el ingenuo trueque. Y es que el sistema que quiere imponer la oposición a cambio de lo cual, en principio, se supone perdería apoyo el segundo retiro del 10%, implicará horadar en el mediano plazo las pensiones mismas de todos los chilenos. Y todo esto en un contexto de alto desempleo, que ya las perfora por ese solo hecho. Para no creerlo.

Y es que el acuerdo pasaría por incorporar al sistema aquello conocido como cuentas nocionales que, con empeño, solicitan los parlamentarios de oposición. Hoy las cuentas individuales de los trabajadores están respaldadas con inversiones reales que rentan, y esa rentabilidad le pertenece a los trabajadores, cuestión que la población pudo comprobar. Con las cuentas nocionales, pasaremos a un sistema en que los políticos nos prometen que recibiremos recursos futuros, pero con cargo a impuestos de los afiliados.

Usted tendrá una cuenta, pero nocional, en la que se llevará un registro, una anotación de su aporte mes a mes, pero sin respaldo en inversiones rentables que usted pueda constatar en su cuenta.

En otras palabras, se trata de un “vale por”, sin respaldo, porque la plata estará para financiar las pensiones de otros. ¿Y la certeza jurídica? ¿Y el derecho de propiedad sobre sus ahorros? Moya, o bien vaya a exigirlo a los políticos del futuro, porque los actuales no estarán para darle explicaciones. El caso completo es una oda a lo que no hay que hacer y a la incerteza, justo lo contrario de lo que los ciudadanos estamos pidiendo a la política.