“Vota y elige el país que quieres”, proclamó el Servel en un aviso sobre el plebiscito. Y enseguida, explicó cómo se hace eso: con mascarilla, lápiz propio para evitar contagios, distancia de los otros electores, alcohol gel antes y después de votar, tres horas exclusivas para que voten los mayores de 60 años, etcétera. ¿Qué es eso de “Elige el país que quieres”? Una interpretación desmesurada desde luego, ajena por completo a las funciones del Servel. Vivimos tiempos de hinchazón retórica.

¿Cómo llegamos a esto? Negando, por ejemplo, el valor de los cambios constitucionales propiciados por siete gobiernos democráticos desde 1990, que modificaron sustancialmente el texto de 1980 (más de 200 reformas permanentes y transitorias). Eso de “elaborar una Constitución en democracia” ha sido, en los hechos, lo que el país ha estado haciendo mediante la acumulación de reformas, aprobadas por amplia mayoría en el Congreso. Chile dio un inmenso salto de progreso en el marco del texto vigente, que desde 2005 lleva la firma del Presidente Lagos. Pero incluso si se acepta el criterio de que el texto no ha conseguido limpiarse el pecado original, los mandatarios que vinieron luego pudieron haber propuesto un texto alternativo, y no lo hicieron.

El primer gobierno de la Presidenta Bachelet (2006/2010) no lo tuvo entre sus prioridades, y tampoco el primero del Presidente Piñera (2010/2014). El segundo de Bachelet (2014/2018) optó por impulsar un programa de cabildos y asambleas con la idea de “elaborar una nueva Constitución entre todos”. El resultado fue un magma de opiniones sobre materias heterogéneas que obligó a contratar a un grupo de expertos para que lo interpretara. No sabemos si ello está reflejado en el texto que la exmandataria mandó al Congreso cuando ya terminaba su gobierno.

Para una corriente de la actual oposición, el problema no ha sido propiamente cambiar la Constitución, sino hacerlo de un modo que cuestione el camino hecho por el país después de la dictadura. Ese fue el núcleo de la campaña por la asamblea constituyente (AC) que, con el argumento de que se requería “una expresión más depurada del pueblo”, ayudó a la formación del Frente Amplio y penetró en el Congreso Nacional, algunos de cuyos integrantes desarrollaron un complejo de inferioridad respecto de su condición de representantes ciudadanos. La manifestación más exótica de ello fue la formación de una “bancada por la AC” por diputados y senadores que parecían querer expiar alguna culpa. En la elección de 2013 hubo parlamentarios que, como Isabel Allende, llamaron a marcar el voto con las letras “AC” para hacer explícito el deseo de purificación institucional.

En las negociaciones que dieron la partida al proceso constituyente fue determinante la instrucción que el Presidente Piñera le entregó al exministro Blumel de entenderse con el entonces presidente del Senado, Jaime Quintana. Quizás el mandatario pensó que, como cabriola del destino, su gestión podía culminar con una Constitución asociada a su nombre. Bueno, ya no será así. La pandemia cambió muchas cosas, entre ellas el calendario electoral. Ahora, el mandatario ha entregado un decálogo con los contenidos que cree que deben asegurarse en un nuevo texto, lo que revela inquietud por el rumbo de todo esto.

Es extraño que en el debate sobre el plebiscito se pase por alto el hecho de que en 2021 se renovarán todos los cargos de representación popular de acuerdo a un ordenamiento constitucional que podría desaparecer o sufrir cambios radicales. No bastan, pues, las proclamas universalistas. Hay que hacerse cargo de los posibles efectos de los malos diseños.

¿Alguien puede explicarle al país las ventajas de hacer funcionar dos Parlamentos el próximo año? ¿Acaso la eventual convención será más representativa, ilustrada y eficiente que el Congreso? ¿Y por qué creer eso si competirán los mismos partidos, y además serán candidatos a convencionales numerosos exministros, exsenadores, exdiputados, exalcaldes, etcétera?

Preocupados únicamente de la competencia electoral, hay quienes hacen campaña sobre la base de convencer a los electores de que un nuevo texto constitucional puede ser un instrumento de reingeniería social, con poder suficiente para acabar con las injusticias. Eso es engaño puro. Y puede convertirse en la fuente de enormes frustraciones.

Chile necesita recuperarse de los estragos causados primero por la violencia y luego por la pandemia. Ello exige resistir el ruido, la grandilocuencia y el ánimo belicoso. Tenemos que mejorar lo que tenemos. El entendimiento entre quienes piensan distinto será indispensable para que el país no se extravíe. El orden constitucional debe contribuir a la estabilidad y la gobernabilidad que necesitamos para volver a progresar.

Sergio Muñoz Riveros