Señor Director:

En su carta de ayer, la profesora Pilar Arellano niega la competencia de la Contraloría para instruir sumarios administrativos a los generales de Carabineros, lo que se seguiría desde el “sentido común” que, a su juicio, constaría en la normativa respectiva. Sin embargo, este asunto no es de “mérito”, como se afirmó, sino, en cambio, de pura legalidad, respecto de lo cual la competencia del ente contralor es indiscutible, como se sigue del texto constitucional de 1980 y su ley orgánica.

Lo que se reprocharía en la formulación de cargos de los sumarios es no haberse garantizado el cumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza, a propósito de las acciones ejercidas por Carabineros durante el estallido social, situación que habría influido en graves violaciones a los derechos humanos. Omitir dichas acciones, existiendo normas jurídicas que obligan a la adopción de medidas, tales como aquellas que se refieren al “mando” sobre la tropa, contenidas en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, es lo que produce una contravención a la legalidad.

Es importante recalcar que Carabineros no tiene discrecionalidad para determinar si adoptar o no estas acciones. Aun cuando su competencia de conservación del orden público se encuentra consagrada en términos más o menos amplios en la ley, de ello no se sigue que Carabineros puede elegir a su conveniencia si usa medidas más o menos represivas al ejercerla; debe siempre optar por aquella que resguarde de mejor manera no causar daños innecesarios a las personas que quedan sujetas al uso de la fuerza estatal.

Finalmente, hay que descartar el sentido común —que opera a gusto de quien lo escoge— como un criterio para resolver esta clase de asuntos que son jurídicos y, por ende, exigen argumentaciones basadas en la legalidad tal y como ha sido entendida largamente en la práctica administrativa chilena.

Matías Guiloff Titiun
Universidad Diego Portales

Flavio Quezada Rodríguez
Universidad de Valparaíso

Pablo Soto Delgado
Universidad Diego Portales