El derecho de propiedad será un tema central de la discusión constitucional. No es raro que este derecho, considerado como uno de los fundamentales en la democracia occidental, sea objeto de una disputa principal, pues es un eje divisorio entre el socialismo más radical y el pensamiento democrático liberal; entre el autoritarismo gubernamental y la libertad personal.

Para la izquierda, la igualdad material es condición irrenunciable de su proyecto político, y la propiedad privada es el origen de la desigualdad. Rousseau, Marx y otros sostienen que el Estado es el dueño de todos los bienes de los ciudadanos, que pueden gozarlos en comodato, pero siempre subordinados a las demandas de la comunidad.

En la época de los recolectores, la producción consistía en lo que la naturaleza entregaba y poca falta hacía el derecho de propiedad. Cuando las sociedades se hicieron extensas y complejas, la naturaleza de la riqueza cambió: dejó de tener existencia previa regalada y, por el contrario, debió ser producida por el trabajo humano, la creatividad, la innovación, el ahorro y la inversión. En suma, cuando la producción dejó de provenir de los frutos de la tierra, fue necesario establecer la propiedad privada, en contraposición a la posesión colectiva de los recolectores, para proteger lo creado.

Muchas veces se sugiere que la defensa de la propiedad privada es solo el resultado de la codicia capitalista y que se puede prescindir de ella sin que se afecten, por una parte, la libertad, y por la otra, el bienestar material de la sociedad. Sin embargo, existe una relación indisoluble entre la libertad y el derecho de propiedad y entre la propiedad y el crecimiento económico. Prueba de ello es, por ejemplo, que allí donde los medios de comunicación son de propiedad estatal no existen libertad de expresión ni tampoco prosperidad.

Este derecho es exigible por muchas razones y en forma muy especial, porque está vinculado y es el sustento material de los otros derechos y libertades. El control económico “no es meramente el control sobre un sector de la vida humana que pueda ser separado del resto: es el control de todos nuestros fines” (Hayek). En suma, cuando la propiedad es estatal, “los gobiernos controlan lo que las personas deben creer y aquello por lo que deben luchar”.

Históricamente, el instrumento principal para contrarrestar el poder absoluto de los reyes, desde la Magna Carta, era asegurar derechos de propiedad, pues la expropiación era el instrumento principal para incrementar el poder del soberano, con los consecuentes abusos de los derechos y libertades de los gobernados.

La Revolución Francesa universalizó los nuevos paradigmas que sintetizan lo que ha sido la política en la modernidad. Así, la primera Declaración de Derechos de 1789 definió derechos imprescriptibles de los ciudadanos, entre ellos la propiedad como uno “sagrado e inviolable” y dictaminó que “nadie puede ser privado de ella a no ser que sea legalmente establecido por ley su necesidad pública y requiere de una previa indemnización justa”. Todo ello, por cierto, fue revocado durante el Terror jacobino, en un preámbulo de lo que han sido las democracias totalitarias hasta hoy.