Inimaginables hubieran parecido en septiembre de 2019 los desafíos que el Ejército enfrentaría en los meses siguientes.

Golpeado por la revelación de graves irregularidades, motivo de investigaciones judiciales que llevaron al procesamiento de dos de sus ex comandantes en jefe, aparecía entonces empeñado en un esfuerzo por corregir prácticas y avanzar hacia estándares de transparencia más propios de una institución fundamental. Luego, sin embargo, la violencia que acompañó el estallido del 18 de octubre y el modo en que este sobrepasó las capacidades del Estado motivaron la primera declaración de estado de emergencia desde el retorno de la democracia, y obligaron tanto al Ejército como a las otras ramas armadas a asumir tareas que escapaban de sus funciones habituales y de su preparación. Dio ello origen a situaciones dolorosas que hoy son objeto de investigación penal, y también a otras de abierta injusticia sufridas por jóvenes militares enfrentados a imputaciones que después se probarían erróneas. A su vez, la extrema polarización amenazó arrastrar a la propia institución a un conflicto político ajeno a ella, como lo resume aquella imagen del 19 de octubre de un diputado increpando a soldados en la Plaza Baquedano por el solo hecho de estar ahí, cumpliendo con su deber constitucional. Aún hoy sorprende que las lecciones de esos días no terminen de ser asumidas, según se evidencia en la difícil tramitación de la reforma sobre infraestructura crítica, que permitiría graduar mejor el recurso a las instituciones armadas en escenarios de amenaza para la seguridad interna, concentrándolas en la protección de tal infraestructura, evitando su interacción en manifestaciones o desórdenes, y sin restringir las libertades ciudadanas.

Meses después, la irrupción del covid-19 demandó nuevas tareas del Ejército, que tuvo que asumir en distintas regiones las responsabilidades propias del estado de catástrofe, contribuyendo al control del efectivo cumplimiento de las medidas de cuarentena y poniendo sus capacidades logísticas y sanitarias al servicio de la población. Ha involucrado ello desafíos delicados en zonas como La Araucanía, blanco de toda una ofensiva violentista, y ha requerido particular entrega por parte de los efectivos, al agregar a los riesgos más propios de su función la exposición al contagio.

Revelador es que, luego de un año sometidas a tales exigencias y a las difíciles fricciones que ellas han traído, y en un escenario de generalizada crisis de las instituciones, las Fuerzas Armadas y también el Ejército aún ocupen posición destacada entre aquellas que más confianza suscitan en la ciudadanía, según muestran las encuestas. Habla ello de una valoración del aporte realizado, pero también parece dar cuenta de la vigencia del vínculo que —con todas las dificultades de nuestra historia— ha logrado subsistir entre la ciudadanía y un Ejército de decisivo papel en la formación de la República y cotidiana presencia en su desarrollo.

Constituye este un capital país que ha de contribuir también a enfrentar los desafíos que esperan a la institución en lo más inmediato. Desde luego, aparece entre ellos el plebiscito de octubre, donde las distintas ramas armadas deberán cumplir su tradicional papel en el resguardo de un acto electoral, ahora sumado a las referidas responsabilidades del estado de catástrofe, frente a un contexto en que no cabe descartar escenarios de alta tensión.

Peligroso sería, sin embargo, que las excepcionalidades del momento distorsionaran la visión de las funciones más propias del Ejército como institución permanente. Nuestra particular situación geoestratégica demanda una fuerza siempre adecuadamente equipada y organizada, eficaz en su tarea disuasiva; por desgracia, no han sido pocos los momentos a lo largo de la historia en que aquella prioridad ha resultado negligentemente atendida, con lamentable consecuencia para los intereses del Estado. En las últimas décadas el país ha logrado modernizar su material bélico, pero constituye este un proceso constante y debe ir a la par con la disposición de los medios que garanticen su adecuada mantención. Ello, junto con una permanente actualización de sus capacidades ante el surgimiento de nuevas amenazas, de las que hoy es ejemplo el vasto campo de la ciberseguridad, como tan recientemente ha constatado el país y donde las instituciones de la Defensa están llamadas a desempeñar un papel protagónico.

Ante tareas como estas, las dificultades experimentadas en los últimos años para completar mediante voluntariedad las necesidades de reclutamiento y una eventual baja en el interés por postular a las escuelas matrices evidencian un problema tal vez más profundo, como es el modo en que la vocación militar pueda desarrollarse en una sociedad de marcado individualismo y en que conceptos como el de patria son puestos bajo sospecha por distintas visiones ideológicas. Se trata de un punto al que probablemente ninguna sociedad ha logrado dar respuesta plena, pero cuya solución no parece posible sin abordar cuestiones como la modernización de la carrera militar. Preocupa en tal sentido el escaso avance de dicho proyecto en el Congreso, y también inquieta que ciertas críticas al sistema previsional de las Fuerzas Armadas omitan las especiales características de esa carrera y la inmensa inversión que supone para el Estado la formación de sus efectivos.

No debiera ser un eventual proceso constituyente ocasión para alterar el estatuto del Ejército ni de las demás ramas. Sin embargo, no cabe ignorar la existencia de planteamientos que sugieren eliminar de la Constitución el capítulo referido a las Fuerzas Armadas, dejando solo una mención referencial a ellas y entregando el resto de las materias a la regulación legal. No debe olvidarse tampoco la intensa discusión de hace algo más de una década a propósito de la jefatura del Estado Mayor, cuando pareció buscarse instalar formas de organización de la Defensa ajenas a nuestra tradición. Ningún debate debiera dejar de reconocer que las actuales definiciones constitucionales respecto de las Fuerzas Armadas han garantizado el cumplimiento de sus tareas y los principios de no deliberación y sometimiento al poder civil propios de una democracia. El hecho de que el proyecto de nueva Constitución que la expresidenta Bachelet enviara al Congreso al término de su mandato no difiera en esta materia del texto hoy vigente parece confirmarlo.