A cada instante se escucha decir, sobre todo a partidarios del Rechazo, que no hemos tenido una discusión sobre los contenidos de una probable nueva Constitución, aunque la verdad es exactamente la contraria: hubo un debate público en tal sentido con motivo del proceso constituyente abierto en el gobierno anterior, el cual se expresó en el proyecto de nueva Constitución que ingresó al Congreso Nacional pocos días antes de que ese gobierno concluyera. Es fácil acceder a dicho proyecto en la red y existe también respaldo documental de los cabildos y encuentros que lo precedieron.

La Fundación del Presidente Lagos consultó formalmente a un buen número de ciudadanos y expertos sobre el tema y publicó hace tres años dos libros con los pareceres que recibió. Otras corporaciones, fundaciones y centros de estudio, que responden a las más diversas orientaciones políticas, vienen trabajando hace tiempo en el tema y son también varias las publicaciones que han hecho sobre el particular. Diversas universidades que cuentan con facultades de derecho han efectuado y siguen realizando cursos, seminarios y jornadas sobre el cambio constitucional, y no pocas editoriales han publicado en los últimos años libros de académicos que de manera individual o colectiva han propuesto contenidos para reformas a la actual Constitución o su reemplazo.

En consecuencia, no es cierto que no hayamos tenido ni tengamos en este momento un debate a ese respecto. Lo tenemos y con resultados bastante a la mano, si bien otra cosa es que nuestras élites políticas y empresariales, al haber descuidado el tema constitucional durante décadas, casi como si no existiera, hayan mostrado poco o ningún interés en conocer tales debates y resultados, algo que ocurre también con la mayoría de los ciudadanos, que solo en el último tiempo reconocieron la importancia de tener una nueva Constitución.

Es por todo eso que la futura Convención Constitucional no partirá de cero. Lo hará desde una hoja en blanco, desde luego, porque tendrá el encargo de redactar una “nueva” Constitución, aunque manteniendo a la vista la historia constitucional del país, las distintas Constituciones que hemos tenido, la rica doctrina constitucional de nuestros especialistas del pasado y del presente, y las experiencias comparadas de nuevas o antiguas Constituciones de otras latitudes. Hay en tal sentido un rico y abundante material que revisar para evitar caer en el error de creer que fuéramos a estudiar y a debatir una Constitución en el momento fundacional del país. Estamos a más de 200 años de 1810, y si las personas tienen biografías que exhibir, los países cuentan con una historia que reconocer.

Una vez acordado su reglamento interno, lo más probable es que la futura Convención se pondrá de acuerdo en las materias que serán reguladas por la nueva Constitución, es decir, en los capítulos que ella tendrá, en su índice, y que solo después iniciará el estudio, discusión y votación de los contenidos de cada uno de esos capítulos. Lo primero resultará fácil, puesto que existe bastante consenso acerca de las materias que no podrían faltar en una Constitución, mientras que lo segundo representará el trabajo más arduo y extenso de los constituyentes. Así, por ejemplo, convendrán fácilmente en que la Constitución incluya un capítulo sobre derechos fundamentales, y se tomarán luego su tiempo para debatir acerca de la manera de declararlos y garantizarlos en la nueva Constitución. Habrá también un capítulo acerca de la Presidencia de la República y otro acerca del Congreso Nacional, cómo no, pero a continuación vendrá el momento en que se van a discutir las competencias de aquella y de este y cómo equilibrarlas de buena manera.

Nada que temer, entonces, sin perjuicio de la razonable preocupación (y ocupación) que en cualquier país produce un proceso de este tipo. La preocupación debe desplazar al temor, y la ocupación a la mera preocupación. Ocupación, por ahora, para informarnos mejor, formarnos opinión y compartirla con los demás, privada y públicamente. Nadie, ni siquiera los que no la quieren, debería permanecer indiferente ante los contenidos de una nueva Carta Fundamental.

Chile no es menos que otros países que en el último tiempo han adoptado una nueva Constitución.