JOSÉ TOMÁS TENORIO LABRA

Con una lista de delitos que van desde detenciones arbitrarias hasta asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas, una misión especial de expertos independientes de la ONU responsabilizó ayer al régimen chavista de numerosas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. En un informe, la comisión apuntó al Presidente Nicolás Maduro y altos cargos de su gobierno y de las agencias de seguridad e inteligencia de las vulneraciones cometidas contra opositores y otros ciudadanos, y alertó sobre casos que constituyen crímenes de lesa humanidad.

El reporte, que consta de 411 páginas y que hoy será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, concluyó que desde 2014 hasta hoy se ha llevado a cabo una “represión política selectiva” en el país, a cargo de organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La misión aseguró que como parte de esa política se han realizado “detenciones arbitrarias contra personas por su afiliación política”, y afirmó que “en los casos investigados, varias personas detenidas también fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración y de actos de tortura y tratos crueles y degradantes, incluida la violencia sexual y de género”.

La presidenta del equipo investigador, Marta Valiñas, dijo que la misión —a la que se le negó el ingreso a Venezuela— revisó más de 2.500 incidentes que involucraron 4.600 asesinatos “cometidos por las fuerzas de seguridad” de forma extrajudicial, además de dar cuenta de 3.479 casos de detenciones arbitrarias por razones políticas en los últimos seis años.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, dijo Valiñas sobre los hallazgos del informe, además de llamar a que instancias como la Corte Penal Internacional (CPI) consideren “la posibilidad de emprender acciones legales” contra los responsables.

La misión aseguró que en varias ocasiones las autoridades falsificaron evidencia, como en el caso del opositor Fernando Albán, quien según el gobierno se suicidó en 2018 tras caer del piso 10 de la sede del Sebim, aunque la oposición sostiene que fue asesinado. El reporte también señala que el diputado Juan Requesens, acusado de ser responsable de un supuesto atentado contra Maduro en 2018, habría sido drogado por las autoridades para obligarlo a confesar.

El canciller venezolano Jorge Arreaza rechazó las conclusiones de la misión de la ONU, por estar “plagado de falsedades”.

El informe se basó en más de 270 entrevistas a víctimas, abogados y exoficiales de las fuerzas de seguridad, además de documentos oficiales e información digital verificada, así como información secundaria considerada “creíble y fundada” para corroborar y contextualizar los datos de primera mano. La misión usó el mismo estándar de valoración de prueba —motivos razonables para creer— que otras pesquisas del Consejo. Por esto, dice el texto, el reporte no puede determinar responsabilidad penal, sino que corresponde a las autoridades penales competentes investigar los hechos documentados.

“El reporte es muy contundente, muy fuerte”, dijo a “El Mercurio” Peter Hakim, presidente emérito del think tank Diálogo Interamericano, para quien el reporte “deja muy claro” los abusos cometidos por el régimen “para mantener a Maduro en el poder”. Hakim añadió que “la acusación de crímenes contra la humanidad es particularmente severa”.

Para la abogada venezolana Tamara Sujú, directora ejecutiva de la ONG de derechos humanos Casla Institute, “lo importante del informe de la ONU es la ratificación de lo que organismos y víctimas han dicho durante años”. “Me preocupa el ‘¿y ahora qué? Estamos denunciando a un régimen criminal que comete crímenes de lesa humanidad y que tiene una silla en el Consejo de DD.HH.” de la ONU, dijo a este diario.

Miembros de la oposición valoraron el documento como “un paso muy importante” para determinar responsabilidades por violaciones a los DD.HH., mientras que el líder opositor Leopoldo López dijo que esto “demuestra la veracidad” de las denuncias contra el régimen.

El canciller chileno, Andrés Allamand, calificó el informe de “lapidario” y reafirmó el compormiso de Chile con la “recuperación de la democracia enVenezuela”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó las autoridades venezolanas a tomarse “muy en serio” el informe, al cual calificó como “muy preocupante”.

“Después de este informe es difícil que Maduro y sus socios más cercanos puedan pretender que los abusos se cometieron a sus espaldas, o que son casos aislados. Maduro ha quedado notificado y este informe pavimenta el camino para que eventualmente rinda cuentas ya sea en Venezuela o ante la CPI que (desde 2018) tiene abierto un examen preliminar”, comentó José Miguel Vivanco, director de la división para las Américas de Human Rights Watch.

Contenido

El informe incluyó más de 270 entrevistas y

documentos oficiales sobre diversos casos.