No puede darse otro calificativo a la jornada en que se votó la acusación constitucional contra la ministra de Corte Silvana Donoso. Los matinales de la televisión se han convertido en programas donde reina la frivolidad, el chiste vulgar, la indignación destemplada y los abusos más vergonzosos.

Pese a que, después de un largo tiempo de estudio y de haber escuchado a numerosos expertos, la comisión especial recomendó no dar lugar a la acusación, 73 diputados votaron por acogerla. No les interesó que la casi totalidad de los académicos consultados estimara que la Comisión de Libertad Condicional ajustó su proceder a la ley vigente en 2016, que declaraba que la libertad condicional era un derecho, sin condicionarlo a la consulta de informes de Gendarmería.

Se dieron los argumentos más variopintos. El más recurrente fue que las relatoras que asistieron a la Comisión declararon que habían preparado informes de los postulantes, pero que solo se les requirió informar sobre el cumplimiento de la mitad de la condena y su buena conducta. Pero resulta que esto es lo que exigía la ley, de modo que por este hecho no hay infracción de deberes, y de serlo sería del total de la Comisión. El hecho de que la ministra presidiera la Comisión no le da autoridad para dirigirla e imponer su criterio a los demás jueces que la integraban.

No nos engañemos: estamos ante una acusación motivada por unos minutos de fama —quizás el diputado Andrés Longton quiera emular a su hermano Arturo— y en la conveniencia de ofrecer un culpable por el horrendo crimen de Ámbar Cornejo. Hay que realizar un sacrificio capaz de calmar la rabia popular por el crimen antes de que se descargue contra los mismos parlamentarios que solo el año 2019 cambiaron el sistema. Se trata del clásico “chivo expiatorio”: se busca a alguien que pague por los pecados de los demás y cuya sangre aplaque la ira de ese dios hambriento que son las masas vociferantes de la tele y las redes sociales.

Nada importa que con esto se tronche la carrera de una ministra de Corte, que quede suspendida de su cargo mientras el Senado se pronuncia y que si una mayoría de senadores acoge la acusación, quede inhabilitada para ejercer toda función pública por cinco años.

Además, nadie tuvo en consideración que Bustamante, el imputado por el crimen de Ámbar, no ha sido condenado. Tampoco que él es uno de los cientos de beneficiados a los que Gendarmería no recomendaba conceder la libertad condicional. Si la decisión de la Comisión infringió sus deberes con Bustamante, también lo hizo respecto de todos y deberían revocarse esas libertades que, según la interpretación retroactiva de los diputados, habrían sido indebidamente otorgadas.

Si la acusación prospera y el Senado destituye a la ministra, ¿en las futuras comisiones, querrán los ministros de Corte integrarlas sabiendo que pueden ser destituidos si luego un beneficiado reincide? Si las integran se inclinarán siempre por denegar el beneficio y el sistema de libertad condicional se volverá inoperante, con los perjuicios que ello implicaría para el sistema carcelario y la reinserción de los condenados. En este sentido, el diputado Florcita Alarcón mostró mejor tino, al considerar que las cifras de reincidencia de los que han cumplido la pena son mucho mayores que las de aquellos que han salido con libertad condicional.

Pero hay algo más grave aún: los diputados de derecha que apoyaron la acusación, ¿cómo van a oponerse ahora a las acusaciones contra autoridades del Gobierno? ¿Cómo criticarán la acusación constitucional del exministro Mañalich, que solo persigue inhabilitarlo para cargos públicos, o la que se anuncia para destituir al ministro Pérez?

Mala cosa es que volvamos a este festival de acusaciones. Todo el tiempo que se desperdicia en ellas podría ocuparse en aprobar leyes que resuelvan los problemas socioeconómicos que nos aquejan. Un régimen de ejecución de penas que permita prevenir la reincidencia y promover la reinserción social de los que han cometido delitos sería mucho más útil para el país que acusar y eventualmente destituir a una ministra de Corte. Pero claro, esto último es más mediático; es la lógica de los matinales.