Hoy, 15 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Democracia. Y a la fecha existe acuerdo que la pandemia no es solo la peor crisis sanitaria, socioeconómica y humanitaria de América Latina, sino también una grave crisis de gobernanza.

Esta coyuntura es propicia para tomar el pulso a la región y hacer un balance de los efectos del coronavirus sobre el estado de las democracias en Latinoamérica.

Ya son más de 27 millones las personas infectadas y 900 mil las fallecidas, según datos de la Universidad de Johns Hopkins, actualizados al 9 de septiembre. Y nuestro continente se ha consolidado como el epicentro mundial de la pandemia, con dos focos principales: EE.UU. y Brasil. Actualmente somos la región con el mayor número de contagios (casi ocho millones) y de muertes (300 mil). Con solo el 8% de la población mundial concentramos el 29% de los contagios y el 33% de las muertes de covid-19 a nivel global.

Las consecuencias son también dramáticas en el terreno económico. El FMI proyecta una contracción económica de 9,4%, la mayor de todas las regiones, solo superada por Europa occidental, y anticipa que la recuperación será prolongada.

En materia de desarrollo social se anticipa un fuerte aumento de la pobreza (45 millones de nuevos pobres) y de la desigualdad, elevada destrucción del empleo (44 millones de desempleados) y un incremento significativo de la informalidad.

Los efectos de la pandemia en el ámbito político y electoral son igualmente preocupantes. La mayoría de los países introdujo medidas extraordinarias (estados de emergencia, de excepción, etcétera) para confinar a la población. En varios casos, estas medidas se aplicaron sin las garantías necesarias, provocando una concentración de poder en el Ejecutivo, en detrimento de los necesarios controles del Legislativo y del Judicial. En otros casos, observamos un debilitamiento del Estado de Derecho y de los órganos de control. Entre otros efectos negativos, han ocurrido hechos de corrupción asociados a la pandemia.

Hay países que revelan un aumento de la polarización, un deterioro de los derechos humanos, restricciones indebidas a la libertad de expresión, represión, ataques ilegales a los adversarios políticos y una reducción de los espacios de la sociedad civil. Otra tendencia preocupante es el uso creciente e indebido de las Fuerzas Armadas para tareas de orden público.

Hemos visto un fortalecimiento de los rasgos híbridos de ciertos regímenes: Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras y Guatemala. Y, en Venezuela y Nicaragua, las autoridades aprovecharon el covid-19 para profundizar el autoritarismo y la represión.

La pandemia ha tenido asimismo un impacto disruptivo en la agenda electoral de la región. La totalidad de los comicios que debían celebrarse durante el segundo trimestre de 2020 fueron recalendarizados para el segundo semestre de este año o para 2021.

Ad portas del inicio de un nuevo superciclo electoral en la región, el reto pasa por celebrar elecciones en contextos de pandemia, compatibilizando el derecho a la salud con el pleno ejercicio de los derechos políticos y la integridad electoral.

Sin desconocer la gravedad de la coyuntura, de esta crisis puede surgir una oportunidad de sentar las bases de un nuevo consenso regional. Los objetivos prioritarios para los demócratas debieran ser: 1. Un nuevo contrato social que ponga foco en reducir la desigualdad, garantice educación y salud de calidad, fomente la creación de empleo formal y ponga en marcha un sistema de protección social; 2. Recuperar el crecimiento basado en una diversificación productiva y exportadora, apuntalado por un manejo macroeconómico responsable; poner prioridad en la tecnología, innovación y emprendimiento, sistemas tributarios progresivos y lucha frontal contra la corrupción y evasión fiscal; 3. Dotar al Estado de competencias y recursos para cumplir su papel estratégico con eficacia, transparencia y rendición de cuentas; 4. Avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo teniendo como norte la Agenda 2030 de la ONU y el cambio climático; 5. Fortalecer la integración y la coordinación regional, y 6. Avanzar hacia una democracia inclusiva, resiliente y de mejor calidad.

El desafío es doble: evitar que la democracia se convierta en la víctima silenciosa de la pandemia y aprovechar la oportunidad de acelerar la innovación política institucional, con el objetivo de fortalecer la gobernanza de las sociedades complejas del siglo XXI.

Esta es la agenda que la región necesita con urgencia. No hay tiempo que perder.

Sergio Bitar
Vicepresidente Consejo Asesor de Idea Internacional