Señor Director:

El presidente de la Asociación de Notarios cita varias frases textuales del Informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre el mercado de los notarios en su respuesta a nuestra columna (carta del viernes). Llama la atención que las citas sean un tanto selectivas. Por ejemplo, de la frase “el sistema notarial chileno, pese a ser poco eficiente, de alto costo, y poco innovador, sí ha funcionado de manera efectiva en entregar seguridad jurídica a las personas”, el dirigente gremial omite la parte sobre ineficiencia, alto costo y falta de innovación.

Llama la atención también que el presidente de la Asociación no responda a la crítica medular de este estudio al funcionamiento de las notarías y que da cuenta de incumplimientos por parte de los notarios a sus funciones. Así, por ejemplo, el hecho de que el 82% de los usuarios de notarías declare no haber visto al notario da cuenta de que una persona distinta a él o ella es la que verifica la identidad y toma la firma. Invitamos a la Asociación a aclarar este punto, que está al centro de la discusión que se ha dado a propósito del “apagón digital” en las notarías de Santiago, en que se acusa a una notaria de haber delegado funciones que le son propias: identificar a una persona.

El líder gremial expresa su deseo de “avanzar sin poner en riesgo los estándares de seguridad y confiabilidad que indiscutidamente ofrece el sistema”. El proyecto de ley que espera ser visto en el Senado hace precisamente eso, introduciendo la figura del fedatario para entregar servicios donde la participación de un notario no es esencial, como la certificación de una fotocopia. La oposición de los notarios a esta iniciativa pareciera tener más que ver con defender sus altas rentas —estimadas por la FNE en 14 millones de pesos mensuales promedio para cada notario— que con su preocupación por mantener la seguridad del sistema.

El informe de la FNE cuantifica el costo de las deficiencias del sistema actual en al menos 138 millones de dólares anuales. Esta cifra sirve para responder a la preocupación que expresa el líder gremial por los costos de inversión que requiere la reforma. Si se consideran las estimaciones de dichos costos que hacen los notarios, estos se pagan en menos de dos meses con los ahorros anteriores; si se consideran los valores indicados por el Gobierno, en tan solo una semana.

Alejandro Barros
Centro de Sistemas Públicos, Ingeniería Industrial, Universidad de Chile

Eduardo Engel
Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, y Espacio Público