El Acuerdo por La Paz del 15 de noviembre trajo gran alivio, porque desactivó la bomba que amenazaba con hacer explotar al país en un enfrentamiento sin precedentes. La alternativa no era otra que recurrir a la ultimaratio y utilizar toda la fuerza del Estado para contener la violenta insurrección iniciada el 18 de octubre. Ello habría implicado una confrontación fratricida, con resultados impredecibles y desenlaces inciertos. El Gobierno acordó así una salida política a la crisis y ofreció, sobre la base del fin de la violencia, una agenda social y un cambio a la Constitución. El Presidente había optado por la salida razonable y civilizada.

Dicho ello, esa mitigación de la angustia fue de corta duración: a poco andar, quedó claro que los opositores que concurrieron al acuerdo, y especialmente quienes no lo hicieron, no estaban disponibles para un rechazo incondicional del uso de la violencia, ni tampoco para respetar la institucionalidad vigente, y que todos tenían como objetivo último la destitución del Presidente de la República democráticamente elegido.

Una razón principal para cuestionar la Constitución de 2005 es que ella no logró compensar la ilegitimidad de origen de la de 1980 y que, frente a esto, los éxitos indudables que ella ha permitido en términos de convivencia pacífica y progreso material y social serían irrelevantes. Ahora, si la legitimidad de origen es un argumento principal, es necesario analizar el origen del actual proceso constituyente no solo en lo formal, sino en los hechos de fondo que lo impulsaron. Pues bien, el imperativo de establecer una asamblea constituyente para elaborar una Constitución no era una prioridad para la ciudadanía hasta la reciente coyuntura y es una idea originada en la izquierda más radical, que busca —desde la transición pacífica a la democracia en la cual se abstuvo de participar— la sustitución de las instituciones vinculadas a la democracia representativa y aquellas económicas que le son consustanciales.

Así, el proceso constituyente es el resultado directo de la crisis que el país ha experimentado. Es preciso reiterar que el 12 de noviembre, el día de mayor violencia, todos los partidos de oposición, desde los comunistas a los democratacristianos, firmaron una declaración conjunta afirmando que “la ciudadanía movilizada” había “corrido el cerco de lo posible” y requeríamos una nueva Constitución “emanada” de esa ciudadanía movilizada para “establecer un nuevo modelo político, económico y social” y que “el proceso constituyente ya estaba establecido por la vía de los hechos”. En suma, había nacido, como hecho consumado, del abandono por el Congreso de sus prerrogativas constituyentes a manos de los activistas de la calle, con lo cual, de facto, la soberanía dejó de radicar en nuestros representantes y se hizo carne en la explosión de violencia. Sin perjuicio de lo anterior, también es cierto que el mandato legal para el actual itinerario proviene de la reforma constitucional, aprobada por Chile Vamos y gran parte de la oposición; y, en consecuencia, adquirió la legitimidad que le otorga la Constitución actual y es derivada, y no originaria, como algunos pretenden.