Ochenta y tres años de vida tiene el Golden Gate. Inaugurado en 1937, después de casi diez años de planificación, diseño y construcción, el mítico puente en la bahía de San Francisco se levanta como un ícono de la arquitectura y la ingeniería en el norte de California, y del mundo. Todo visitante de San Francisco se ha tomado una foto o un retrato con el puente rojizo a sus espaldas.

Menos conocidas son las barreras que hubo que derribar para construirlo. El proyecto original establecía su financiamiento con impuestos especiales que se cobrarían en la región, pero la crisis de 1929 y la Gran Depresión que la siguió hicieron inviable financiarlo con recursos fiscales. Por ello, se autorizó la emisión de un bono que sería garantizado por las propiedades y tierras de los habitantes de la zona, y el pago de la deuda se realizaría con los ingresos provenientes de los peajes cobrados a los usuarios. El último de estos pagos se hizo en 1971.

Este acuerdo no fue del todo fácil. Innumerables grupos ambientalistas y líderes locales criticaron fuertemente la construcción del puente, y trataron de boicotear la emisión del bono, argumentando que era inviable económicamente y que traería serias consecuencias medioambientales en la zona. Pero el referéndum de 1930, aprobado por casi dos tercios de los habitantes de San Francisco, autorizó la emisión del bono con las garantías privadas. La construcción terminó en 1937 sin involucrar ningún peso fiscal.

Esta experiencia de colaboración público-privada es iluminadora para la discusión de hoy en Chile. La crisis actual se traducirá en importantes restricciones financieras al Estado, al mismo tiempo que la disponibilidad de fondos privados para invertir en infraestructura y en proyectos rentables privada y socialmente se hará más patente. El Estado tiene una tremenda capacidad de coordinación, y esta experiencia muestra cómo una comunidad organizada puede internalizar los costos y beneficios de la obra.

Sobre la base de estándares regulatorios y medioambientales transparentes y parejos, los gobiernos deben estar disponibles para facilitar soluciones creativas. Es de esperar que nuestro debate constitucional, donde brillan las frases para el bronce y escasean los contenidos, no impida soluciones privadas a problemas públicos. Si la política norteamericana hubiese estado dominada en ese entonces por el estatismo que se respira en el debate doméstico, la foto de la bahía de San Francisco seguiría siendo tomada desde unos lindos botes a remo.