Reconforta que la Corte Suprema haya revocado el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que ordenaba a una AFP entregar los fondos previsionales a una profesora.

Se trataba de uno de los recursos de protección en los que, siguiendo una estrategia planificada, se usaba a personas con necesidades para que aparecieran pidiendo el retiro de los fondos previsionales. La mayoría de estos recursos fue rechazado o declarado inadmisible, pero algunas cortes los acogieron. La Corte Suprema hasta ahora ha revocado todas esas sentencias.

La Corte de Antofagasta en un inicio alegó que las normas que impedían la entrega de los fondos eran inconstitucionales y requirió una decisión del Tribunal Constitucional. Cuando este Tribunal declaró que los preceptos legales cumplían las exigencias constitucionales, en vez de acatar esa decisión, estimó que la negativa de la AFP no era ilegal pero sí arbitraria. Se trató de un fallo más político que jurídico y que criticaba el sistema del DL 3.500, por no ser de seguridad social y otorgar pensiones de miseria.

Se comprende que el abogado integrante Pedro Pierry, al adherir al rechazo del recurso, hiciera una prevención para precisar que la Corte de Antofagasta había fallado contra texto expreso, excediendo sus facultades legales y constitucionales, e insistir en que la función de los jueces es aplicar las leyes, aunque en su personal opinión sean injustas o socialmente inadecuadas. La democracia —sostuvo— es el gobierno de la ley, no el de los jueces, para rematar con una admonición de tono profético: “Ay de los países en que los que gobiernan son los jueces”.

Es posible que el nombre de Pedro Pierry no diga mucho al ciudadano común, pero su autoridad en el foro legal es reconocida. Egresado de la U. Católica de Valparaíso, es doctor en Derecho por la Universidad de París y ha dictado cátedra en su casa de estudios y en la U. de Chile. Fue consejero del Consejo de Defensa del Estado, para luego asumir como ministro de la Corte Suprema. Luego de su retiro ha seguido contribuyendo a la judicatura como abogado integrante. Sus publicaciones son abundantes y se valora su aporte al diseño de un régimen de responsabilidad del Estado.

Como persona, destaca por su temple moderado y por eso mismo su prevención es significativa y no puede dejar de compartirse. Hoy parece bastar que una persona o autoridad se convenza de la justicia de una causa para que se sienta autorizada a transgredir las leyes. Muchos hechos lo revelan. La presidenta del Senado que justifica el “sacrilegio constitucional”; las seudorreformas constitucionales que usurpan la iniciativa de ley del Ejecutivo; los camioneros que invocan la falta de seguridad en La Araucanía para obstruir las carreteras.

La misma Corte Suprema se salta las leyes cuando hacen mayoría en sala ministros que piensan que su sentido de justicia les permite ignorar la ley. Hay múltiples ejemplos, pero el más grave fue el que llevó a convertir a las cortes en agencias de suspensión de alzas de planes de isapres. Esta intervención judicial resultó cómoda para los legisladores y les ha permitido retrasar indefinidamente la reforma de la ley. Mientras tanto, el sistema y las costas que se ordenan son financiados por los miles de cotizantes que no recurren. Esto es lo que sucede cuando los jueces gobiernan haciendo justicia sin respetar la ley; al final se genera una injusticia mayor, pero menos visible porque es padecida por los más vulnerables.

La prevención de Pierry debiera servir también para alertarnos sobre la proliferación de derechos sociales en una eventual nueva Constitución. Si los derechos que ya existen los jueces los invocan para prescindir de las leyes, ¿qué sucederá cuando se consagren sin limitaciones derechos sociales al por mayor?

En este panorama de generalizado desprecio por el derecho, el fallo de la Corte Suprema que revoca el de la Corte de Antofagasta es un atisbo de esperanza de que no todo está perdido y que al menos los jueces respetarán el imperio de la ley. De lo contrario, nos acordaremos del “ay de los países en que los que gobiernan son los jueces”, pero será demasiado tarde.