Algunos parlamentarios insisten en apoyar la moción que permitiría el retorno a la desnaturalización y el uso fraudulento de la visa de turismo para fines laborales. Olvidan la grave experiencia de varios cientos de miles de extranjeros que, entre 2015 y 2019, ingresaron irregularmente como falsos turistas, quedando expuestos al abuso y a la exclusión, en perjuicio de sus derechos y de los salarios y empleos de chilenos, afectados por la incorporación irregular y masiva de trabajadores no calificados provenientes del exterior. Miles de migrantes regresaron empobrecidos. Un número muy superior podría repetir esas dolorosas experiencias ante incentivos para buscar trabajo en el país sin contar con oportunidades y la documentación adecuada. Habrá también que reflexionar sobre los impactos del descontrol ante la muy probable masificación de la presión migratoria y a los servicios de salud, derivadas de la pandemia, y sobre la urgencia de recuperar los más de dos millones de empleos nacionales perdidos por el covid-19.

Los legisladores podrían considerar esas realidades, hay testimonios en las calles y poblaciones en la mayoría de las comunas del país; les cabría tomar en cuenta las implicancias económicas fundadas en estadísticas del Servicio de Impuestos Internos y de la Policía Internacional. A la vez, no podrían eludir la práctica y principios internacionales que establecen que la migración debe ser segura, regulada y ordenada, que el extranjero que ingrese debe ser efectivamente turista o portador de una visa consular previa que lo habilite para residir, insertarse y trabajar en el país. La ausencia de tales normas permitió en el pasado abusos, aumentó la trata de personas, favoreció oscuros negocios, hasta la organización de líneas aéreas con el solo propósito de facilitar los fraudes migratorios. En contradicción, sectores supuestamente liberales rechazan la eliminación del porcentaje máximo de extranjeros que pueden contratar las empresas y se oponen a terminar con el monopolio de las universidades estatales para homologar los títulos profesionales y técnicos otorgados en el exterior.

El orden de las migraciones es un derecho reconocido internacionalmente a los países, practicado por las democracias como principio permanente. También es reconocido el derecho de los Estados a expulsar los ingresos clandestinos y a los extranjeros que han cometido delitos graves. Lamentablemente están asimismo en discusión parlamentaria preceptos que agregan nuevos obstáculos a esas legítimas expulsiones y se han presentado disposiciones que pueden alentar, hacer un llamado a los ingresos clandestinos, al proponerse la normalización de los que se efectúen dentro de los noventa días contados desde la dictación del nuevo estatuto migratorio.

En las próximas dos semanas, los parlamentarios deberán decidir entre el descontrol migratorio y la aplicación de una política migratoria segura y ordenada, que valorice el aporte de los extranjeros.