Un giro digital y virtual tendrán las campañas iniciadas por los partidos políticos y grupos independientes, a menos de dos meses del plebiscito. Debido a las restricciones que impone la pandemia, los actos masivos no están permitidos, de manera que los comandos se verán obligados a llegar a la ciudadanía con su mensaje utilizando principalmente las plataformas digitales. Si bien banderazos, palomas publicitarias e incluso el trabajo puerta a puerta están autorizados, todo indica que —aparte de la tradicional franja de TV— serán las redes sociales los vehículos protagónicos de difusión. Previendo esta tendencia, presente en el entorno internacional, la ley que fija los límites de los aportes y los gastos para este proceso electoral —que no alcanzó a ser promulgada antes del período previsto para el inicio de las campañas— ha establecido restricciones y obligación de transparencia en los recursos dispuestos para la propaganda desplegada en dichas plataformas, cuya penetración y masividad permiten transmitir información con gran eficacia.

El desafío para los comandos es difundir contenidos complejos en mensajes simples, que logren movilizar a una ciudadanía que ha enfrentado un largo período de incertidumbre y que aún presenta altos índices de temor al contagio. El continuo llamado de las autoridades sanitarias a la responsabilidad cívica durante la pandemia y al autocuidado, junto con la prolongación de las cuarentenas, vigente aún en amplios sectores urbanos del país, dificultan conseguir una predisposición a salir a votar, principalmente en grupos de adultos mayores sujetos a un prolongado confinamiento. Si bien autoridades gremiales, como la presidenta del Colegio Médico, han reafirmado la factibilidad de realizar el plebiscito sin mayores riesgos, el Servicio Electoral analiza diversos protocolos para conseguir un proceso electoral expedito y seguro, evaluando incluso la conveniencia de que las personas contagiadas puedan concurrir a votar.

En este contexto, conseguir suficientes niveles de participación surge como un gran reto. Para ello, no solo es necesario dar garantías de que al acudir a los lugares de votación no habrá mayor riesgo de contagio, evitando un posible rebrote masivo, sino también entregar a la ciudadanía información relativa a la trascendencia del plebiscito y las diferentes propuestas en juego (tema que también se aborda en esta página). En efecto, dar contenido a las opciones del Apruebo y del Rechazo es tarea de los partidos políticos y comandos, evitando una visión polarizada que deslegitime la opción contraria y el proceso en su conjunto. Es precisamente esta agudización del conflicto el que muchas veces suele encontrarse en los contenidos de las redes sociales, donde el anonimato permite la descalificación, el lenguaje violento, el engaño y la intimidación. La experiencia internacional da cuenta de emblemáticos intentos de manipulación de procesos electorales mediante el uso de las redes sociales, lo que llama a tomar resguardos que minimicen el daño que provoca la circulación concertada de información falsa. En ello los medios de comunicación profesionales tienen una responsabilidad social fundamental.

El proceso constituyente debiera presentar la ocasión para discutir respecto de ideas políticas que vayan más allá de la mera consigna, pues un debate parcial, descalificador y polarizador —en la lógica que suele predominar en las redes sociales— puede desincentivar una participación ciudadana significativa, restándole legitimidad a un proceso que se ha visto como una oportunidad de reformar o cambiar la institucionalidad vigente.