Frente al aumento del déficit habitacional en Chile y ante la segregación social y espacial de nuestras ciudades, cuestiones notorias con la agitación social y la pandemia, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha anunciado la creación de un “banco de suelo” para la construcción de proyectos habitacionales. Este banco es un antiguo anhelo del mundo técnico, académico y político preocupado de mejorar nuestra convivencia urbana, y considerará los terrenos públicos existentes y los privados posibles de ser adquiridos. Lo cierto es que nuestras ciudades cuentan con muchos más lotes fiscales disponibles de lo que se cree; tan solo en Santiago se presumen unas mil hectáreas bien localizadas.

Al mismo tiempo de este importante anuncio, el Ejército de Chile pone a la venta, por 30 millones de dólares, terrenos en la comuna de La Reina adquiridos por el Estado para fines sociales y luego cedidos por el Ministerio de Bienes Nacionales a esa institución en 1989, para construir vivienda institucional. El despropósito es tan evidente, que autoridades comunales y parlamentarios han interpuesto una demanda contra el Ejército para impedir esa venta y entregar los terrenos al municipio para proyectos de vivienda económica y de integración social que el mismo Estado de Chile hoy manifiesta como prioridad del desarrollo urbano. Esta contradicción merece un análisis. Es solo en décadas recientes que las Fuerzas Armadas encontraron la forma de lucrar con sitios fiscales, impidiendo su aprovechamiento por parte del Estado para resolver carencias urbanas y sociales. Ejemplos abundan, pero sin duda el más representativo es el de la Villa San Luis de Las Condes, donde los legítimos residentes de 1.000 departamentos construidos por la Corporación de Mejoramiento Urbano fueron desalojados por la entidad militar tras el Golpe de Estado y abandonados a su suerte en la periferia de la ciudad. Más tarde, los terrenos fueron vendidos por el propio Ejército al mejor postor; los edificios, demolidos, y se desarrolló el barrio de oficinas que conocemos hoy. Hace apenas unas semanas, gracias a la mediación del Consejo de Monumentos Nacionales, se acordó erigir un museo y un memorial preservando las últimas ruinas del conjunto, para no olvidar el desgraciado episodio, pero tampoco dejar en el tintero el precedente histórico de un Estado chileno que por décadas sí contó con la voluntad política, la institucionalidad y el suelo urbano necesarios para proveer esa vivienda económica, socialmente integrada y de buena calidad que perdura hasta hoy. Volver a enfrentar este desafío ahora, 40 años después, no es solo una carrera para recuperar el tiempo perdido e intentar mitigar el perjuicio causado, sino, tanto ahora como entonces, una cuestión de principios.