El malestar que está instalado en el país refleja una profunda crisis política, un fenómeno que se acrecienta, con repercusiones serias en la economía y en la convivencia social. En estas condiciones, la renovación de nuestra democracia es el mayor desafío que tenemos en un horizonte de mediano plazo. Por esta razón, la estrategia para avanzar en este propósito debe tener como base la elaboración de un buen diagnóstico sobre las causas de la situación actual, algo que obliga a revisar críticamente las diferentes visiones que buscan explicar esta crisis.

La primera de ellas —más asentada en la derecha, en el empresariado y en la denominada tecnocracia— añora los años 90, época de acuerdos y crecimiento acelerado. Considera que entonces logramos un modelo de gobernanza que generó muy buenos resultados económicos y sociales. Hay diversas explicaciones de las causas que llevaron al término de este período, como el deterioro de la elite política (René Cortázar); el retorno a nuestros “orígenes” después del retiro de una “generación excepcional” (Sebastián Edwards), o la debilidad de las convicciones en las ideas que distinguieron esos años (Axel Kaiser).

Esta visión da por sentado que la gobernanza de los acuerdos fue la causa del buen desempeño del país, a pesar de que los datos solo muestran correlación entre estos hechos. Es más probable que la verdadera causalidad sea la inversa: las holguras internas y las buenas condiciones de la economía mundial son las que posibilitaron el crecimiento acelerado, lo que a su vez postergó una reflexión política más profunda y reformas fundamentales en el país. Así, cuando el crecimiento decayó, este modelo de gobernanza entró en crisis.

La evidencia internacional de países que siguieron un camino similar al de Chile avala esta segunda explicación, por lo que mantener una visión sin respaldo en la realidad solo aleja las posibilidades de articular un proyecto de desarrollo compartido.

Un segundo enfoque —más propio de la centroizquierda— considera que la crisis de la política se origina en los impedimentos que tuvo este sector para llevar a cabo las transformaciones que nuestra sociedad requería. Efectivamente, hay una larga lista de reformas que se debatieron en el Congreso y que no lograron concretarse, tanto porque la derecha y/o los amarres institucionales frenaron esos cambios. Para esta visión, la democracia de los acuerdos fue más un arreglo pragmático que un modelo de gobernanza propiamente tal.

Este argumento obvia que hay materias clave para configurar una democracia avanzada que la centroizquierda no impulsó, a pesar de que estaban libres de trabas institucionales, como instalar una gobernanza abierta a la sociedad y fortalecer los pilares para sostener un crecimiento cuando el entorno externo se deteriorara. Ambos elementos están estrechamente conectados entre sí. El segundo de ellos requiere articular un proyecto compartido de desarrollo con todos los actores sociales, algo que solo es posible cuando la democracia está sustentada en un sólido tejido social, y que no es compatible con el modelo político vertical de jerarquía y control que aplicó la centroizquierda.

Aún más, el debilitamiento del tejido social durante la dictadura se vio agravado por el modelo de gobernanza vertical que alejó a la ciudadanía de las decisiones de gobierno, por lo que la única legitimidad de las políticas públicas provino del crecimiento acelerado. Cuando este decayó, se resintió la confianza de la sociedad en las instituciones. Es evidente que la centroizquierda no ha sabido transitar hacia una política más relacional y cooperativa, de ampliación del espacio público y alejada de los modelos de jerarquía y control.

Las políticas propias del estado de bienestar son insuficientes en la sociedad actual, de creciente complejidad y en la que el sistema productivo genera empleos deficientes y muy desiguales. Para ir más allá de esas políticas es indispensable la coordinación de diversos actores, que operan en redes de interacción que le dan vitalidad a una democracia y permiten encarar desafíos más complejos. Esto se logra institucionalizando los procesos de articulación, aprendizaje, reflexión y acción colectiva.

El vacío en el proyecto de la centroizquierda fue ocupado paulatinamente por la influencia fragmentada de los movimientos sociales y la irrupción del Frente Amplio. La premisa arraigada en este sector, que sostiene que el proyecto de desarrollo que el país necesita puede emerger de demandas espontáneas y de la movilización de diversos grupos sociales, es una ilusión. La relevancia de estos movimientos para la población joven se debe, precisamente, a la ausencia de un tejido social sólido en el país, que no puede ser reemplazado por grupos fragmentados. Por la misma razón, el divorcio entre la elite y la ciudadanía no se puede superar sin la reconstrucción de uno que sea representativo de la realidad.

La tercera visión —alejada de las dos anteriores— postula que la crisis del sistema político tiene una doble causalidad. Por una parte, la derecha y gran parte del empresariado viven escindidos de la realidad y apegados a dogmas que no tienen respaldo empírico, razón por la que no logran entender los problemas que vive la mayoría del país. Por la otra, la centroizquierda y los movimientos sociales no saben cómo resolver dichos problemas. En estas condiciones, el electorado se mueve entre uno y otro sector, con la ilusión de encontrar un camino que conduzca a un progreso sostenido. La imposibilidad de los gobiernos para cumplir con las expectativas generadas —y alimentadas— se transforma, a corto andar, en frustración y desconfianza. Un escenario que solo puede ofrecer mayores grados de inestabilidad.

La reconstrucción de la política requiere reparar al mismo tiempo las carencias de las dos visiones anteriores: la aceptación de la realidad tal cual es y emprender la tarea de reconstituir el tejido social. A partir de ahí se fortalece la democracia, institucionalizando mecanismos y procedimientos que permitan articular un proyecto de bien común, con toda la diversidad de actores y puntos de vista que existen en el país. Un trabajo que requiere de nuevas formas de colaboración y coordinación, para dotarla de capacidad de aprendizaje, de reflexión conjunta y de acción colectiva.

En síntesis, superar la grave crisis política que vivimos requiere cuatro condiciones ineludibles: promover una reflexión sustentada en la evidencia; fortalecer el tejido social y las redes de colaboración; generar una gobernanza abierta a la sociedad, y reforzar los pilares para un crecimiento inclusivo. La pluralidad del proyecto que estamos obligados a generar significa que al mismo tiempo es de todos y de cada uno de los habitantes del país.