En Chile las migraciones, a diferencia de otros países, no han perdido prioridad por la pandemia: el proyecto para reemplazar el Estatuto Migratorio de 1975 está en una fase final y crítica. Los parlamentarios deben decidir pronto, entre una migración ordenada y segura, o reincidir en el descontrol migratorio de la década anterior.
En los gobiernos de la Presidenta Bachelet se prefirió eludir los complejos desafíos de las migraciones. Se los ignoró en la primera administración. En la segunda, al final, presentó un proyecto rechazado en primer trámite y, por cuatro años, se empantanó el presentado por el Presidente Piñera en su primera administración.
El inmovilismo sirvió para fraudes en el ingreso de centenares de miles de falsos turistas. Se organizaron negocios y compañías aéreas para este solo propósito, con víctimas que luego quedaron expuestas al abandono, hacinamiento y abusos de sus derechos fundamentales, imposibilitadas de insertarse en la sociedad, por el ingreso irregular, sin visa consular.
El actual gobierno modernizó los servicios migratorios, estableció un período de normalización de permanencias irregulares y retomó el proyecto de su anterior gestión, con cambios relevantes, varios negociados durante su tramitación.
Si todo sale bien, habría una nueva institucionalidad, con mayor jerarquía y dotación para los servicios migratorios, con estándares internacionales sobre los derechos y obligaciones de los migrantes, con modernas categorías de visas y permisos.
Estos avances se contraponen con iniciativas de sectores opositores que, contradictoriamente, se oponen a elevar el porcentaje de contratación de extranjeros, que dificultan liberalizar la homologación de títulos profesionales y técnicos, y que agregan nuevos obstáculos para la expulsión de extranjeros que ingresan clandestinamente o han cometido delitos graves.
Lo más lamentable es la moción que permite volver a facilitar el uso indebido de la visa de turismo para ingresar al mercado laboral.
Los parlamentarios podrían considerar las negativas repercusiones de la desnaturalización de esa visa y del nuevo Estatuto; la necesidad de que Chile recupere pronto más de dos millones de empleos perdidos por la pandemia; podrían tener en cuenta que, según el INE, entre 2015 y 2019 los ingresos masivos de trabajadores no calificados empujaron a la baja el empleo y remuneraciones locales de los nacionales sin estudios superiores; considerar que el descontrol pone en riesgo la reciprocidad de otros países en la exención de visas a chilenos en sus viajes al exterior; finalmente, podrían asumir el exponencial aumento de la presión migratoria pospandemia, anticipado por los organismos internacionales.
Un 80% de los chilenos valora las migraciones. Otro porcentaje parecido estima que hay que regularlas. El orden migratorio protege al interés nacional y a los trabajadores nacionales y migrantes. Se han perdido varias décadas sin contar con una legislación moderna sobre extranjería y estamos al borde de repetir errores del pasado.