La huelga de hambre que llevan a cabo algunos condenados y otros imputados por graves delitos en el marco de lo que se ha denominado como “violencia rural” en las regiones de La Araucanía y del Biobío pone una vez más a prueba la voluntad de respetar y hacer respetar el Estado de Derecho. Los huelguistas exigen cumplir las condenas en sus comunidades, fuera de los recintos penitenciarios, así como el otorgamiento de beneficios no previstos en las leyes chilenas. Quienes los respaldan argumentan —de modo no siempre explícito— que los delitos de incendio y homicidio de los que algunos de ellos son culpables habrían sido cometidos como parte de una lucha legítima en contra del Estado de Chile o algunos de sus ciudadanos. Por otro lado, sostienen que sus convicciones religiosas y patrones culturales serían incompatibles con lo que se espera del común de las personas privadas de libertad, como la asistencia a la escuela del recinto penitenciario, y con las restricciones para participar en festividades y ceremoniales que lleva consigo la privación de libertad. El Convenio 169 de la OIT, sostienen, avalaría estas demandas.

Estos planteamientos expresan una posición inaudita y extrema, que solo puede haber adquirido alguna verosimilitud por la profundidad de la crisis de las instituciones y también por la incapacidad de los gobiernos de distinto signo para dar un cauce adecuado al conflicto. En efecto, la insatisfacción de muchos de los miembros de pueblos originarios tiene también el potencial de convertirse en un gran impulso para situar su cultura en el lugar que le corresponde, y para desplegar fórmulas de emprendimiento y desarrollo material compatibles con ella, que se traduzcan en un aporte de diversidad y progreso para el país. Tal senda ciertamente puede conducir a reformas políticas que contribuyan a institucionalizar ese aporte. Pero la incapacidad para transitar en esta dirección ha potenciado en cambio la acción de grupos minoritarios y violentos, amparados por líderes políticos e instituciones que legitiman la violencia o se abstienen estratégicamente de rechazarla, y que, desde la lógica del enfrentamiento, pretenden dividir al país entre opresores y oprimidos.

La apertura al diálogo es bienvenida, pero un aspecto básico es reafirmar, como ha hecho hasta ahora el ministro del Interior, que la ley es obligatoria para todos y debe ser cumplida. Por otro lado, los desafíos políticos que plantea la violencia rural en el sur del país han de servir de acicate para ir reduciendo la arbitrariedad que en general impera en lo relativo al cumplimiento de las condenas y el régimen penitenciario. La ausencia de tribunales especiales de ejecución de las penas y la inexistencia de una ley sobre la materia hacen que, mientras por una parte se proclaman las garantías y resguardos para el imputado y las víctimas en el proceso penal, una vez que se dicta la sentencia todo queda entregado a la precariedad de un sistema penitenciario mal regulado y prácticamente ajeno al control jurisdiccional en aspectos de la mayor relevancia.