Algunos ansían la reposición de un sistema de pensiones de reparto en Chile. Asesoré al director del Instituto de Normalización Previsional (INP) y fui jefe de gabinete de Previsión Social. Conocí de primera fuente la realidad de ese sistema que vale la pena recordar, porque por sabidas se callan y por calladas se olvidan.

El sistema antiguo consumía un monstruoso 35% del presupuesto nacional para pagar pensiones, pero tenía en su estructura un conjunto de inequidades que resultaban regresivas e injustas, al favorecer a los de mayores rentas y cercanos a grupos de poder, mientras daba menos o ignoraba a la gran mayoría. Había decenas de cajas de previsión con sus propios regímenes, administradores y políticas de inversión de recursos. En los años 80 una veintena de esas cajas se fusionó en el INP, pero en lo sustantivo el régimen previsional de cada una y sus requisitos distintivos para jubilarse subsistieron, perpetuando la existencia de favorecidos, desfavorecidos y marginados.

Respecto de los desfavorecidos, casi 70% de todos los afiliados a alguna caja del INP lo estaban al Servicio de Seguro Social (SSS), destinado a “obreros”. Las imposiciones eran en torno a 25% de su paga. Se las registraba pegando estampillas en una libreta. Para poder acceder a jubilación, debía acreditarse la edad 60-65 y una densidad suficiente de semanas con imposiciones. Muchos no lograban acreditar la densidad mínima requerida, ya fuera por lagunas o porque los respaldos con las estampillas se extraviaron en la burocracia. Quienes estaban en esas situaciones perdían su derecho a jubilarse, aunque constaran sus imposiciones de otros períodos, incluso si les faltaba la estampilla de una sola semana. En esos casos, las imposiciones descontadas a esas personas se perdían, sin darles nada a cambio.

Los empleados privados tenían una caja general para ellos, Empart. A diferencia del SSS, el promedio de los últimos años de remuneraciones con imposiciones era determinante para calcular el monto de la pensión. Era irrelevante que las imposiciones hubiesen sido bajas durante los primeros 30 años trabajando, pues si eran altas en los últimos pocos años activos, entonces el monto de la jubilación iba a corresponderse con ese último período. Y se inflaban.

Mejor estaban los empleados fiscales, que tenían la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Canaempu, con algunas granjerías mejores que los de Empart: menos meses finales para calcular el promedio de renta traducible en pensión, y heredar la pensión a las viudas e hijas que permaneciesen solteras (el “montepío”). Además, estos grupos podían retirarse por años de servicio, sin esperar cumplir la edad mínima de jubilación.

Los grupos de interés que tenían aún más cercanía con el poder lograban otros beneficios, como los periodistas, que fueron acogidos en Canaempu a pesar de ser mayoritariamente empleados de privados. Algunos lograron que su caja pagara pensiones iguales a la última remuneración, e incluso otros consiguieron la “perseguidora”, un súper reajuste que hacía que la pensión fuese igualándose al sueldo de la persona activa en el mismo último cargo.

Había cajas para ciertas municipalidades, bancarios, ferrocarriles, algunas empresas privadas con nombre y apellido y un largo etcétera, con pitutos para administradores y administrados. Cambiarse de caja como consecuencia de haber cambiado de pega resultaba en un drama para obtener el reconocimiento de las imposiciones anteriores.

La desfinanciación del sistema antiguo no solo obedeció a la decreciente tasa de natalidad e incremento de la expectativa de vida. También contribuyeron malas políticas de inversión y beneficios insostenibles.

A quienes quieran diseñar un nuevo sistema de reparto, les pido no solamente hacerlo financiado, para que no quede como pirámide de Ponzi al corto andar, sino que además tenga resguardos para que haya igualdad en el trato y equidad en el cálculo de beneficios previsionales.

Patricio Silva Barroilhet
Abogado