Este año, el mundo se ha visto golpeado por el covid-19. Para contener su propagación, los países han recurrido a medidas de encierro para no saturar los sistemas de salud y salvar vidas, las que han resultado en una abrupta caída de la actividad económica y grandes pérdidas de empleos. Se estima que el PIB mundial del segundo trimestre se habría contraído un 9% con respecto al cuarto trimestre del 2019.

La buena noticia es que a partir de junio comienzan a notarse progresos en la contención de la pandemia. Esto ha hecho posible que países que utilizaron políticas de confinamiento tempranamente y aprovecharon ese período para fortalecer el control de la enfermedad —China, el este de Asia, Oceanía y Europa Occidental— levanten restricciones a la movilidad, con normas sanitarias y de distanciamiento social, manteniendo los nuevos contagios acotados. Esto ha contribuido a una recuperación de la actividad en mayo/junio que incluso supera las proyecciones iniciales.

En contraste, los países que comenzaron a levantar restricciones aún con altos niveles de nuevos contagiados y sin procedimientos adecuados están experimentando un aumento pronunciado de los contagios, con efectos en vidas humanas y en la reactivación económica. En esta dirección, las grandes preocupaciones hoy son Estados Unidos, América Latina, Medio Oriente, India y Sudáfrica.

En China, que fue el primero en controlar la pandemia y levantar los confinamientos, el sector industrial se recuperó más rápido de lo esperado; sin embargo, las ventas al detalle, la inversión en activos fijos y los servicios siguen por debajo de sus niveles del último trimestre del 2019. En cuanto al PIB, este regresó en el segundo trimestre a su nivel del cuarto trimestre del año pasado. En Europa, donde comenzaron a levantar los confinamientos cuando los nuevos contagios se habían reducido en forma importante, la propagación de estos se ha mantenido contenida y las economías siguen recuperándose. En contraste, en Estados Unidos, donde los contagios están al alza, cifras parciales de la Fed y de big data muestran que las recuperaciones del empleo y de la actividad han perdido fuerza desde mediados de junio.

Pero también hay otras buenas noticias para Europa y el mundo. Esta semana, después de una larga negociación, la Unión Europea (UE) dio un paso trascendental en su integración al acordar la creación de un fondo para apoyar la recuperación de los países miembros más afectados por la pandemia. Este fondo levantará recursos con la emisión del primer bono de la UE de su historia. Otra buena noticia es que pruebas recientes abren esperanzas de importantes avances en el desarrollo de vacunas.

Los brotes verdes en la recuperación de la actividad, el fondo de la UE y los avances en vacunas se suman a los estímulos gubernamentales, mejorando las expectativas. Sin embargo, las perspectivas de la economía global siguen estando sujetas a la evolución del covid-19. En estas circunstancias, en ausencia de una solución médica (tratamiento o vacuna), la continuidad y solidez de la recuperación es altamente incierta. El escenario más probable es que después del fuerte rebote inicial la recuperación de la actividad mundial va a perder fuerza, afectada por la incertidumbre, las cicatrices de la crisis, el escalamiento de las tensiones entre Estados Unidos y China, y las restricciones al trabajo y a la vida diaria. Además, el empleo va a sufrir los efectos de los avances del comercio en línea, de la lentitud de la recuperación de servicios altamente intensivos en empleo, las reestructuraciones impulsadas por la crisis y de los efectos del mayor precio relativo del trabajo versus el capital por los efectos de las medidas sanitarias y de distanciamiento social que van a seguir presentes hasta que no tengamos una vacuna.

Esta crisis golpeó a Chile justo cuando se estaba recuperando del estallido social. Los efectos acumulados de estos dos shocks han sido una importante caída del producto, una gran pérdida de empleos, especialmente de jóvenes y mujeres, y un gran impacto en hogares y empresas. Al igual que en los países avanzados, y a diferencia de la mayoría de los países emergentes y en desarrollo, las autoridades chilenas han respondido a este shock con políticas macrofinancieras agresivas para mitigar sus efectos.

El Gobierno introdujo un programa de unos US$ 17.000 millones en marzo. La Comisión de Mercados Financieros ajustó su normativa para facilitar el refinanciamiento de créditos y la expansión del crédito. El Banco Central redujo en marzo su tasa de política a 0,5% e introdujo medidas no convencionales y de apoyo a la liquidez y al crédito. El 14 de junio, el Ministerio de Hacienda y la Comisión Ampliada de Hacienda del Senado llegaron a un acuerdo para un plan de emergencia adicional que incluye la creación de un fondo con hasta US$ 12.000 millones para reforzar las medidas de apoyo a las familias, trabajadores, empresas e impulsar la reactivación económica. Con este fondo adicional, los programas de apoyo fiscal suman US$ 28.275 millones (11,3% del PIB), uno de los mayores programas de los países emergentes y desarrollados. Estos programas han sido posibles gracias a los sólidos fundamentos macroeconómicos e institucionales que Chile construyó en los últimos 30 años.

Sin embargo, la implementación de estos planes no ha sido suficientemente expedita. En particular, las ayudas no están llegando con la urgencia que las familias que están sufriendo las pérdidas de empleo e ingresos necesitan. Además, pareciera que la excesiva focalización de los beneficios está dejando fuera a muchas familias necesitadas o retrasando su efectiva distribución a los beneficiarios, especialmente de clase media.

La discusión de las últimas semanas se ha centrado en introducir medidas adicionales de apoyo a la clase media, las que no estuvieron presentes en el marco de entendimiento del plan de emergencia. Lamentablemente, la solución que se ha buscado —el retiro del 10% de los fondos de ahorro para la jubilación— es mala, porque es un autopréstamo, debilita aún más las pensiones y es muy regresiva. De hecho, había una mejor solución sobre la mesa —un subsidio directo del Estado, créditos subsidiados y pagos contingentes al ingreso— que no fue considerada.

Son más preocupantes aún las vías institucionales utilizadas para avanzar en este proyecto, mostrando a un Congreso dispuesto a tomar atribuciones que afectan las finanzas públicas, afectando la institucionalidad y solvencia fiscal, lo cual puede terminar siendo muy costoso para el país. Por otra parte, dadas las restricciones de ingreso y de liquidez de muchas familias de clase media, este retiro va a proveer un importante impulso a la demanda agregada en los próximos trimestres, con efectos en la actividad, los mercados financieros y los precios, los que se deberán tomar en cuenta para recalibrar los estímulos fiscales y monetarios.

Con todo, la mejora gradual del escenario externo, después del peor primer semestre de la economía mundial en cerca de un siglo, sumado a los estímulos internos y al levantamiento gradual de las cuarentenas, en la medida que este último sea exitoso, van a contribuir a que la economía chilena inicie su recuperación avanzado el tercer trimestre a una tasa más rápida que lo anteriormente proyectado. Sin embargo, de repetirse los procesos legislativos como el usado para aprobar el retiro del 10%, la institucionalidad se seguirá debilitando, poniendo en riesgo la recuperación económica de corto plazo y la inversión y el crecimiento de largo plazo.