En el fútbol, cuando el equipo va perdiendo, los jugadores se descorazonan y la hinchada cae en la desesperanza, más aún si los protagonistas se dan por vencidos antes del pitazo final. Algo así ocurre hoy con nuestra democracia constitucional. En estas clasificatorias, los contendores no son la derecha y la izquierda, sino quienes están comprometidos con el apego al marco jurídico y quienes no. En perspectiva, me parece que ese es el partido más importante que se juega nuestro país. No creo exagerar al decir que buena parte del electorado se siente huérfano de representación en el respeto por las reglas y por la certeza jurídica, esencial para el desarrollo de las naciones, y estamos aturdidos ante la altisonancia del debate público. Los ciudadanos sabemos que la política nos presenta distintas fórmulas para abordar los desafíos del país y que ellas habrán de enfrentarse en los foros de la democracia. Pero esperamos que ello ocurra bajo las reglas del juego, del fairplay y con un mínimo de affectio societatis entre todos los actores, más allá de las fronteras de sus coaliciones.

Y eso en Chile no está ocurriendo. Las ideas se imponen con trampa y con sendas descalificaciones. Si bien hoy nos sentimos abatidos por la crisis económica y social, la pesadumbre que se cierne, y de la que no nos libraremos tras el paso del virus, deriva de la crisis de la institucionalidad democrática. Desde el 18-O, la política tolera la violencia y la amenaza para la consecución de fines, y recientemente, también tolera otro tipo de violencia, una de salón, pero no por ello menos dañina, en que se tuercen las reglas del juego democrático en la propia sede del Parlamento.

En este partido, los DT del equipo del “todo vale”, que obran a sabiendas de lo que hacen, han logrado fichar a los que, sin ánimo flagrante, no tienen problemas en hacerse trampa en el solitario autoconvenciéndose, con gran cinismo, que lo que deliberan y votan cumple con las formas o que, aun con trampa, vale la pena, pues lo hacen por el “bien” del país. Paradojalmente, y aunque no sean los principales rostros del encuentro, están en la banca los que pudiendo accionar en contra de esta asonada, no lo hacen por temor, instinto de sobrevivencia, para no comprarse más problemas, o porque no encuentran aliados.

Hoy se tramitan mociones parlamentarias que, aun cuando abordan materias de la ley, se estructuran como reformas constitucionales justamente para evadir la declaración de inadmisibilidad de las que serían objeto por referirse a cuestiones que, por buenas razones —por años compartidas por un amplio espectro político— se reservan a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Este actuar no es aislado ni encapsulado a la reforma constitucional sobre el retiro de los fondos de pensiones ya aprobada. La fórmula se repite con la reforma constitucional que promueve el Parlamento para imponer un impuesto a los altos patrimonios y con aquella que busca derogar el sistema de pensiones y reemplazarlo por uno estatal. La estrategia, validada en las formas por algunos, afecta ni más ni menos que a las bases del desarrollo democrático de nuestro sistema presidencial.

Hay quienes no ven la crisis que planteo (o encuentran que es una exageración); otros miran el fenómeno como una ganancia de legitimidad para la política. Pero desde el 18-O que esta cree ganar adeptos y las encuestas muestran todo lo contrario. Otros creen que la crisis de la política es de segundo orden, comparado con las otras que nos asolan. Lo cierto es que no.

La política, para bien o mal, es extremadamente influyente para nuestros proyectos de vida, aunque no lo percibamos, y puede ser determinante en las oportunidades que nos abren o cierran con sus buenas y malas decisiones y señales, para la capacidad de progresar y generar empleos.

Entonces, ¿será posible dar vuelta la goleada de la que hoy es objeto la democracia constitucional? Me aferro a creer que sí, pero no ocurrirá de la noche a la mañana, ni menos si las entidades democráticas no comienzan a dar muestras de su compromiso con las reglas del juego y con ello, con la prosperidad del país. Para sostener lo anterior, algunas cosas deben cambiar y pronto.

Desde ya, abandonar la estrategia timorata que no enfrenta los desvíos a las reglas y que se deja secuestrar por grupos antiinstitucionales. De lo contrario, de la mano del rompimiento institucional en el que se empeñan, ahuyentaremos las inversiones y con ello las oportunidades para los ciudadanos.

La vida premia la acción no la intención. Entonces, ¿cuándo comenzaremos a verlas?