Cuando se escriba la historia de la mayor crisis sanitaria, económica y social de Chile en las últimas décadas, seguramente habrá un capítulo destinado a describir y analizar la derrota política del gobierno de Sebastián Piñera y de la coalición política que lo respalda.

Cuando participo en diversos programas de televisión y de radio, no existe ningún contendor de derecha que no sostenga que el Gobierno, su gobierno, llegó tarde para enfrentar la crisis, particularmente en su dimensión económica y social. Por su parte, la oposición le ha insistido al Ejecutivo desde marzo en medidas de mayor cobertura y respaldo al 90% de la población, a lo menos, que sufre esta crisis tridimensional.

Es así como la primera medida de ayuda fue el bono Covid, utilizando para este efecto la estructura del subsidio único familiar. Este consistió en $50.000 por carga y por una sola vez. Cuando se debatió ese proyecto, la oposición sostuvo que era de baja cobertura y de escaso monto, y logró incrementar el universo de beneficiados en 600.000 personas, lo que finalmente implicó un universo beneficiado de 2.700.000 personas.

Ante la evidencia de que esa ayuda era insuficiente, el Gobierno envió al Parlamento el proyecto de suspensión temporal del empleo, que consiste en un acuerdo entre empleador y trabajador para suspender la relación laboral, manteniendo a cargo del empleador las cotizaciones, y al trabajador se le aplica el subsidio de cesantía con sus montos decrecientes. En este proyecto, la oposición logró que se estabilizara en un 70% la caída de ingreso por los primeros tres meses. Hoy, 700.000 trabajadores están beneficiados por esa disposición. En paralelo, 1.000.000 de trabajadores cesantes cumpliendo los requisitos están usando su seguro de cesantía, que como todo el mundo sabe, implica el primer mes el 70% de su última remuneración y el sexto mes, el 30% de su ingreso.

Como todo lo anterior frente a la crisis era insuficiente, el Gobierno se abrió a discutir el Ingreso Familiar de Emergencia 1, y durante dos semanas en el Parlamento se contrastaron para este efecto las posiciones de Gobierno y oposición. Mientras el Ejecutivo, a través de su ministro de Hacienda, sostuvo hasta la saciedad que bastaba con $65.000 por persona, la oposición planteaba utilizar la línea de la pobreza individual de $170.000. Como lo anterior fue insuficiente y en el marco de entendimiento logrado entre las partes, el Gobierno ingresó al Parlamento el Ingreso Familiar de Emergencia 2, produciéndose una nueva contradicción en el monto per cápita de dicho ingreso: mientras el Gobierno empezó el debate con $70.000, la oposición reiteró su posicionamiento de la línea de la pobreza de $171.000, finalmente, lográndose en la madrugada de aquel día un monto de $100.000 por persona.

En paralelo y para apoyar a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, el Gobierno durante tres semanas debatió la fórmula con la oposición y, finalmente, se logró un acuerdo parcial, en el cual los emisores de boletas en promedio sobre $500.000 accedieron a un crédito por tres meses de $650.000 mensuales, y los trabajadores que estaban bajo ese umbral de $500.000 recibirían un subsidio estatal de $100.000.

Mientras todo esto ocurría, a las clases medias, de todo lo anterior, les llegaba muy poco, lo que fue sembrando la alternativa de retirar el 10% de su fondo de pensiones, realidad que se hizo masiva mientras más se desarrollaba la crisis económica y social.

Finalmente, el Gobierno entendió la situación de las capas medias y en un plazo de nueve días lanzó tres propuestas para ese amplio sector, lo que demostró la improvisación al decidir estas medidas, terminando todo lo anterior en el proyecto que ingresó ayer al Senado, denominado plan de fortalecimiento en la ayuda a las clases medias. Pero esto último llegó tarde, “lleno de letra chica” y con un conjunto de requisitos muy difíciles de comprender por la gente crecientemente angustiada, lo que en paralelo determinó el respaldo de la mayoría sustantiva de la Cámara de Diputados al retiro del 10%, y con el apoyo a esta medida de más del 85% de la población. Y como lo ha dicho el propio Gobierno y la derecha, esta ha sido su peor derrota durante esta gestión.

En paralelo y de acuerdo con cifras oficiales, el Ejecutivo ha entregado el IFE 2 a 2.200.000 hogares, lo que implica que ese apoyo para los sectores más vulnerables alcanza al 40% de dicho sector, considerando que las familias inscritas en dicho registro alcanzan a 5.400.000 hogares, que involucran a 13.400.000 chilenos, que corresponden al 74% de la población. En esta materia, cabe consignar que hoy existe 1.000.000 de apelaciones a dicho registro, por ciudadanos que han visto rechazada su postulación. En definitiva, la ayuda no está llegando a parte importante de los sectores vulnerables y parcialmente a los grupos medios, contribuyendo lo anterior en acrecentar la crisis de la mayoría de la población, que tiene, como resultado de todo lo anterior, un Gobierno cuyo respaldo está entre el 10% y el 15% de la ciudadanía. La política del Gobierno para enfrentar la crisis llegó gota a gota, tarde y en forma parcial. El resultado está a la vista.