La discusión sobre el posible uso de fondos previsionales para enfrentar la crisis económica se ha transformado, de facto, en un debate sobre el sistema de pensiones vigente. Esto, pues el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados introduce de manera indirecta un sistema de reparto en Chile. En efecto, al permitir retirar ahorros de las cuentas individuales, los parlamentarios argumentan que ello no redundará en una baja de las futuras pensiones, porque al mismo tiempo se creará un fondo público, financiado con nuevas contribuciones de empleadores y del Estado. El nuevo impuesto al trabajo que así se insinúa, y su destinación a un fondo común para pensiones futuras, constituiría una suerte de transición hacia un sistema de reparto. De haber un retiro masivo, como se anticipa si el proyecto prospera, en pocos meses millones de trabajadores quedarán sin fondos en sus cuentas y otros tantos con sus saldos reducidos. A medida que las personas vayan jubilando, el gobierno respectivo comenzaría a financiar la diferencia con cargo a este fondo, replicando así el funcionamiento de un sistema de reparto.

Estos sistemas han sido largamente desacreditados por su falta de sostenibilidad. Diversos expertos han llamado la atención sobre este punto, y crecientemente varios países han ido disminuyendo su prevalencia en los sistemas de seguridad social. El mismo Banco Central, en un informe requerido por el gobierno de la Presidenta Bachelet, manifestó con claridad la inconveniencia de introducir en Chile un esquema de reparto, por sus efectos macroeconómicos sobre el empleo y la inversión.

Pero el reparto no es solo macroeconómica y fiscalmente costoso. Parecen haberse olvidado también sus limitaciones en la protección de la tercera edad. El mecanismo que existió en Chile —similar al que opera en otros países— requería tasas de cotización de 20% por mes, y en algunos casos personas con menos de 20 años de cotizaciones podían no tener derecho a pensión. Una norma tal dejaría hoy a la mayoría de los chilenos sin jubilación, incluidos muchos de quienes podrían retirar sus fondos en virtud del proyecto en tramitación. Así, tras años de discusión sobre la necesidad de aumentar las pensiones, el Congreso ahora debate un alivio financiero de corto plazo a costa de agudizar el problema previsional hacia adelante.

El apoyo ciudadano que concita el proyecto en trámite no parece explicarse solo por la evidente necesidad económica de muchas familias, sino también por el desconocimiento de sus consecuencias. Resulta imperioso que estas se transparenten y, también, los eventuales escenarios que abren, ya sea en términos de menores pensiones o de un incremento de impuestos que inevitablemente también recaerá sobre la clase media. El Gobierno debe perseverar en su esfuerzo por focalizar sus ayudas en aquellos grupos necesitados, bajo el alero del acuerdo fiscal suscrito. La responsabilidad en estas horas es esencial.