A menudo confundimos el Estado de Derecho con la Seguridad Pública y pensamos que un aumento de la delincuencia significa un debilitamiento o pérdida del Estado de Derecho, en circunstancias de que “Estado de Derecho” no es una expresión que se haya adoptado para aludir a una sociedad en que la delincuencia no exista o sea solo un fenómeno marginal. Si así fuera, difícilmente habría Estado de Derecho en algún lugar del mundo, puesto que delincuencia, por lo común en exceso, hay en todos los países de la Tierra.

La delincuencia es la expresión más grave del conflicto, y este es propio de la vida en común. Vivir en sociedad no es hacerlo únicamente en relaciones de intercambio, de colaboración y de solidaridad, sino también de desacuerdo y de conflicto. Una de las funciones del derecho, contando con que siempre habrá conflictos, es proveer instancias y procedimientos que permitan darles un curso pacífico y eficaz.

En tal sentido, el derecho es escéptico. No fantasea con la eliminación del conflicto, ni sueña con que todos cumplirán siempre sus reglas. Aun en los casos en que el derecho protege bienes básicos como la vida, la integridad física o la libertad, sabe que en más de una ocasión alguien vulnerará sus mandatos e incurrirá en algún delito. Porque el derecho cuenta con eso es que no dice “No matarás”, sino “El que mate a otro sufrirá x pena”.

Las propias autoridades pasan a veces por encima de las normas, porque todo poder tiende a exorbitarse, y de ahí la importancia de los derechos de las personas como límites a la autoridad, y de allí el deber de legalidad de esta en cuanto a ejercer sus competencias en el marco de la Constitución y las leyes.

Un Estado de Derecho no es un Estado con derecho, o sea, que cuenta con un ordenamiento jurídico que en general es eficaz, sino aquel que gobierna por medio del derecho, que se sujeta a este, y que respeta los derechos de las personas. Nada de eso funciona a la perfección, pero un Estado de Derecho cuenta también con formas bien explícitas para corregir las fallas que se produzcan.

No es del caso caer en ataque de pánico, y menos fingirlo para atemorizar a los demás, si se producen algunas fallas, ni correr tampoco a inscribir la defunción del Estado de Derecho en presencia de alguna de ellas. Las fallas deben ser advertidas, denunciadas, corregidas, pero sin creer que su ocurrencia sea ya el fin de la república y el retorno a un estado de naturaleza de lucha de todos contra todos.

En tiempos de pandemia es la desmesura, no la serenidad, la que tiende a imponerse. Se produce una exacerbación del sentimiento de que viviríamos en el peor de los mundos, y también en el peor de los países. El temor al virus hace metástasis y pasamos a miedos más extendidos y hasta a la sensación de que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina.

Hay cosas preocupantes o que llaman la atención: aumentan la delincuencia común y el narcotráfico, pero ya sabemos que no teníamos una policía capacitada ni bien dotada para su trabajo; los tribunales son inundados con recursos contra las isapres, pero nos hemos demorado décadas en reformarlas; un tribunal reconoce el derecho a recibir una prestación de salud de muy alto costo, pero nunca nos hemos ocupado de corregir el magro estatus que la actual Constitución otorgó al derecho a la salud; una Corte falla a favor de una cotizante previsional que quiere retirar sus fondos, y también durante décadas hemos eludido la reforma del sistema de pensiones; se arma una trifulca en el Tribunal Constitucional, pero nunca se ha corregido el burdo cuoteo político de sus integrantes; parlamentarios presentan proyectos inconstitucionales, pero jamás hemos corregido el presidencialismo monárquico de todas nuestras Constituciones.

La realidad se cobra revancha cada vez que las autoridades ejecutiva y legislativa incurren en prolongadas negligencias, mientras la dirigencia política y otras élites, a fuerza de ir poniendo cosas bajo la alfombra, terminan tropezando con esta, perdiendo el equilibrio y anunciando el fin de los tiempos.

Camarón que se duerme…