Con el estallido social y luego la pandemia se ha olvidado que el segundo gobierno de Piñera propuso reestructurar el Sename bajo la idea de que los niños deben ir primero en la fila.

El Congreso fue más allá del olvido: expresamente los postergó. Después de una larga tramitación aprobó la creación de un Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, que será uno de los dos servicios en los que se dividirá el Sename. Pero lo hizo con “letra chica”: a última hora incorporó una norma que posterga su vigencia hasta que entre en vigor la Ley de Garantías de la Niñez.

No se trata de una cuestión baladí, porque manifiesta la tensión entre quienes se empeñan en soluciones efectivas y prácticas y quienes piensan que lo prioritario es un texto en que se declaren múltiples derechos para niños, niñas y adolescentes para así enfatizar su autonomía como sujetos de derechos.

Esta confrontación es de larga data. En el primer gobierno de Piñera se presentó un proyecto de ley para dividir y modernizar el Sename; pero al asumir Michelle Bachelet su segundo mandato, paralizó su tramitación y creó un órgano asesor: el Consejo Nacional de la Infancia, bajo la conducción de Estela Ortiz. Ese Consejo decidió que primero debía aprobarse un proyecto de ley que contemplara un sistema marco de garantías de la niñez. Por cierto, lo que se avanzó en medidas concretas de protección fue escaso, pese a los cuantiosos recursos que fueron asignados al organismo. Además, una auditoría de la Contraloría de fines de 2018 puso en evidencia varias irregularidades, así como retribuciones desproporcionadamente altas.

El Consejo emitió informes, documentos y escritos, pero nada hizo para mejorar la situación de vulnerabilidad de los niños internados en el Sename. Al asumir Sebastián Piñera, el actual gobierno envió sendos proyectos al Congreso para crear dos servicios: uno para los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y otro para la reinserción de niños y adolescentes infractores de ley. A principios de junio se aprobó la ley del Servicio de Protección, pero, en la fase final de su discusión, parlamentarios de oposición impusieron por mayoría el artículo transitorio que condiciona su entrada en vigor a la aprobación del proyecto de Ley de Garantías.

Esto es insólito. El proyecto de Garantías es un texto declamativo que enuncia un cuanto hay de principios y derechos a favor de los niños —al estilo de “todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, social y cultural”—. No se entiende cuál es el objeto de esta enunciación de derechos, ya que la Convención de Derechos del Niño, al ser ratificada por Chile, es ley de la República. Tampoco se justifica por el hecho de establecer instrumentos que garanticen su cumplimiento, ya que estos quedan supeditados a la disponibilidad de recursos estatales.

Además, como la consagración individualista de derechos de los niños, entre ellos el de la “autonomía progresiva”, puede entenderse como un intento de colocar a la familia como enemiga de la libertad de infantes y jóvenes, el proyecto se ha sobreideologizado. Una de las últimas polémicas surgió al aprobarse una indicación que consagra el derecho del niño a participar en manifestaciones o protestas. Nada avizora que se logre un consenso para aprobar el proyecto, que ya tiene casi cinco años en el Congreso, menos en el clima de polarización actual.

Así, dejar indefinidamente en suspenso la instalación del Servicio de Protección de la Infancia mientras no se apruebe la Ley de Garantías huele a chantaje. Nuestros niños vulnerables no pueden seguir siendo postergados por interminables debates ideologizados y más retóricos que efectivos.

El Gobierno tiene una herramienta constitucional para evitar este entrampamiento: el veto supresivo del artículo transitorio. Y en este caso —a diferencia de lo que sucedió con la reelección de alcaldes— debiera contar con los votos de sus parlamentarios, sobre todo los de Evópoli, que fueron los que acuñaron el lema “los niños primero”.