La escasa creación de buenos puestos de trabajo ha sido una de las características de nuestra economía en los últimos años, lo que se refleja en una baja productividad laboral. A esta tendencia se suma ahora la fuerte caída de la ocupación, que puede llegar a un 25% respecto del nivel observado en junio de 2019. Estos hechos pueden tener consecuencias significativas para la estabilidad social y política, así como para el crecimiento de mediano plazo. En este contexto, la creación de buenos puestos de trabajo es, por lejos, el desafío más importante de cualquier estrategia política para los próximos años.
El Banco Central advirtió a fines de 2018 que el mercado laboral en Chile tiene una alta heterogeneidad y una excesiva rotación, factores causados por problemas estructurales profundos. La rotación laboral en el país es la más alta entre los miembros de la OCDE y está fuertemente correlacionada con el perfil de educación e ingreso. Cuando esta rotación está acompañada de heterogeneidad, no produce ganancias de ingreso para los trabajadores ni de productividad para las empresas. Ese estudio mostraba que las trayectorias salariales que logran los trabajadores a lo largo de su vida en Chile son más planas que las que se obtienen en países desarrollados, especialmente en los grupos más vulnerables.
Este déficit de buenos empleos en el país es una manifestación más de las limitaciones de una economía organizada casi exclusivamente en torno al mercado. Mientras el ambiente externo era favorable, el crecimiento permitía encubrir lo que sucedía en el mercado del trabajo: A partir del término del superciclo, la realidad irrumpió con fuerza, generando una escalada de frustración y desconfianza. Los cerca de 600 mil jóvenes de entre 15 y 24 años que se encontraban inactivos en octubre pasado son una manifestación de este hecho.
La pandemia ha agravado esta realidad y probablemente dejará una huella profunda en el mercado del trabajo. Un 68% de las personas ha tenido importantes disminuciones de ingreso en los últimos meses, las que en el caso de los trabajadores por cuenta propia y de los independientes, alcanzan un 60% en promedio. Los especialistas anticipan un aumento significativo en la pobreza como consecuencia de la crisis, que en el caso de la definición de ingreso multidimensional podría llegar a un 25% de la población.
Para amplios sectores, la diferencia entre mantener el nivel de vida que habían alcanzado o volver a ser pobres se llama calidad del trabajo. Es una disyuntiva que genera angustia y temor en las personas, y que al mismo tiempo, representa el mayor desafío que enfrenta la política pública en una perspectiva de mediano plazo.
Las políticas que se han aplicado en el pasado para incentivar la creación de empleo no son una respuesta efectiva en el escenario que enfrentamos. Por ejemplo, desde 2001 se han ejecutado diversos programas de subsidio a la contratación de mano de obra. En una evaluación encargada por el Ministerio de Hacienda y publicada a fines de 2019, se concluye que estos subsidios tienen escaso efecto en la creación de empleo, por lo que el único resultado relevante es el beneficio para las empresas al permitir reducir sus costos laborales. Estos resultados son similares a los que se encuentran en países desarrollados para este tipo de políticas.
Otra medida también deficiente es la que se limita a ofrecer capacitación en oficios a los trabajadores sin empleo, que inspiró al programa Más Capaz en 2014. Si bien estos programas han incluido servicios de intermediación laboral y apoyo al autoempleo, las evaluaciones encargadas por los ministerios de Hacienda y del Trabajo muestran que sus resultados son muy pobres.
Por esta razón es preocupante que el acuerdo entre el Gobierno y la oposición de junio pasado insista en las mismas políticas convencionales que han mostrado poca efectividad, como es el caso de los subsidios a la contratación y los fondos de capacitación. Es posible esperar que esta vez se adoptarán los resguardos para aumentar su impacto, sin embargo, la experiencia en Chile y en otros países muestra que este es un escenario poco probable.
Hoy el país requiere un enfoque enteramente diferente, basado en el impulso de una alianza público–privada para la creación de buenos puestos de trabajo, que son los que tienen seguridad social y proporcionan trayectorias de desarrollo e ingreso de acuerdo al esfuerzo que realizan los trabajadores. Un programa de este tipo tiene que estar orientado tanto a mejorar la calidad de las ocupaciones existentes como a la creación de nuevos puestos de trabajo.
Esta alianza debe considerar la participación de diversos actores que funcionen en forma colaborativa. En el ámbito gubernamental, operaría como un programa transversal que coordina a ministerios y organismos cercanos a las empresas (ministerios de Hacienda, Economía, Agricultura, Minería, Trabajo y Ciencia), junto a los servicios públicos más relevantes de estas carteras, los gobiernos regionales y las municipalidades. En el sector privado congregaría a las empresas y a los organismos colaboradores, como organizaciones laborales, universidades, Sofofa Hub, Fundación Kodea, Fundación Chile, entre otros relevantes.
La organización de las actividades se puede llevar a cabo a nivel local, sectorial o por cadenas productivas, dependiendo de las condiciones específicas de cada caso. La gobernanza debe ejecutarse en forma descentralizada, incorporando las iniciativas que se generan “desde abajo” y que permiten adaptar las acciones concretas a las diversas realidades.
En este contexto, la creación de buenos puestos de trabajo requeriría de iniciativas simultáneas en diferentes ámbitos: capacitación, desarrollo tecnológico, emprendimiento, inversión en capital físico, conectividad digital, atracción de talento y aprovechamiento de activos públicos. La cartera concreta de actividades se debe adaptar a las prioridades de las empresas participantes y de su entorno. A mediano plazo, y de acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo, se sumaría gradualmente a las empresas que no fueron partícipes de la primera fase.
En síntesis, la creación de buenos puestos de trabajo es el principal desafío que enfrentamos hoy como país. Para tener éxito, es indispensable que las políticas públicas adopten un enfoque colaborativo; que cuenten con la participación de diversos actores; que se adapten a los contextos específicos en que se aplican, y que tengan una gobernanza descentralizada. En definitiva, que sean el resultado de una auténtica alianza público–privada que esté forjando el Chile del futuro.