El caso Wirecard ha conmocionado a Alemania y a Europa, especialmente a su sector financiero. Se trata de una empresa de servicios de pago online nacida durante la llamada “burbuja de las punto com”, a fines de la década de 1990, que logró sobrevivir inicialmente mediante el procesamiento de pagos en pornografía y apuestas, áreas en las que sus competidores más establecidos preferían no participar. Posteriormente, adquirió un banco y empezó a expandirse por el mundo. De este modo ganó respetabilidad y grandes empresas germanas pasaron a ser sus clientes. Su valor en bolsa alcanzó los 24 mil millones de euros, ingresó al DAX30 —índice de las principales firmas transadas en Alemania— y se transformó en ejemplo de startup exitosa en un país que, pese a todo su desarrollo, no ha sido pródigo en la creación de gigantes tecnológicos del tipo Facebook o Amazon.

Sin embargo, ya en 2009 comenzaron a surgir acusaciones respecto de sus manejos financieros. En 2015, el Financial Times empezó a investigar la posibilidad de fraude, probablemente advertido —según se ha dicho— por short-sellers, especuladores que apostaban a caídas en el valor de la acción. La firma inició procedimientos legales contra la publicación; aún más, el regulador alemán denunció a los periodistas y la fiscalía de Múnich activó una investigación en contra de ellos. Recientemente se han conocido antecedentes que vendrían a avalar las sospechas. Según estos, € 1.900 millones en activos líquidos registrados en los estados financieros de la firma, en realidad no existirían, y parte de los negocios de Wirecard habrían sido ficticios, lo que ha acarreado su quiebra.

Aunque aún en investigación, el caso parece dejar no pocas lecciones, pertinentes no solo para Alemania, sino para todos los países, incluido Chile.

Desde luego, evidencia graves deficiencias en el funcionamiento de empresas de auditoría y de servicios de rating crediticio. En efecto, pese a las publicaciones de prensa que denunciaban problemas financieros en Wirecard, el auditor no parece haber realizado verificaciones mínimas, como, por ejemplo, confirmar directamente con los bancos la existencia de los depósitos que la firma decía poseer. Por su parte, unos meses antes de la quiebra, Moody's había calificado a Wirecard en categoría de inversión, lo que le permitió emitir bonos por € 500 millones. Tal como ocurrió en Chile en el caso La Polar, el sistema de supervisión externo fue incapaz de detectar inconsistencias contables que podrían haberse verificado. De acreditarse falta de diligencia, los auditores de la firma alemana podrían pagar importantes costos, pues los inversionistas adelantan juicios reparatorios. La reputación de la industria también sufrirá.

Luego de los escándalos de Enron y de la crisis de 2008, tanto en países desarrollados como en Chile se recomienda cambiar los equipos auditores (no la firma a cargo de esa tarea) cada cinco años. El caso, sin embargo, sugiere que esa prevención podría no ser suficiente para asegurar la necesaria independencia. Así, el punto trasciende esta situación específica, pues, en definitiva, las decisiones de inversión dependen de la confianza en la información que se tenga de las empresas.

El regulador financiero alemán, por otra parte, ha sido criticado por no haber atendido a los informes que señalaban la existencia de problemas en Wirecard. Al contrario, no solo inició acciones legales contra periodistas que denunciaban irregularidades, sino que prohibió las ventas cortas de sus acciones. Si las hubiera permitido, estas habrían caído, reduciendo las pérdidas de los inversionistas. Se le acusa, por ello, de proteger más que de fiscalizar a las empresas alemanas. En este sentido, una relación más adversarial entre regulados y fiscalizador, como existe en los países anglosajones y se desea para Chile, parece más apropiada para proteger el interés de quienes invierten.

Finalmente, el caso demuestra la importancia de la prensa escrita independiente y de su capacidad para sostener una investigación compleja frente a presiones de empresas y reguladores. Sin su intervención, el fraude, probablemente, habría continuado y las pérdidas de los afectados habrían sido mayores.