Señor Director:

Quienes firmamos esta declaración pertenecemos a un grupo de especialistas, académicos y académicas que trabajamos en universidades y centros especializados en derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en 9 países de Iberoamérica. Convocados por el Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, Cideni, conformamos un Grupo de Estudio sobre Justicia Juvenil, y en el contexto de esta pandemia queremos reafirmar lo que otros organismos internacionales han dicho: las severas consecuencias que está teniendo y tendrá la pandemia en el desarrollo y la vida de los niños, niñas y adolescentes de nuestros países y del mundo.

Así lo han declarado organizaciones como el Comité de Derechos del Niño, Unicef y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta última ha determinado que los niños, niñas y adolescentes en esta pandemia son parte del grupo en Situación de Especial Vulnerabilidad. Nuestra mayor preocupación entonces está con las personas menores de 18 años privadas de libertad.

Como investigadores e investigadoras, conocemos los efectos que provocan en las personas el confinamiento, el encierro y las medidas de aislamiento en tiempos normales. Más aún, sabemos del negativo impacto en el desarrollo y en los derechos de niños, niñas y adolescentes que tiene la privación de libertad y la ausencia de familias protectoras en tiempos normales. Con mayor razón, creemos que la privación de libertad para ellos en tiempos de pandemia puede tener un efecto irremediable en sus vidas (el impacto de dejar de ver a sus familias, su salud mental, la ausencia de contacto con el mundo, la pérdida de seres queridos, los efectos del contagio en su salud y desarrollo, débiles planes de educación, entre otros).

En el caso del encierro, que corresponde a una sanción fundada en la responsabilidad penal del adolescente, ese mayor impacto supone una intensificación de la pena cuya aflictividad puede alcanzar una medida muy superior a la que en la sentencia se consideró apropiada para el delito, que amenaza con volverla desproporcionada, y aconseja su revisión.

Hacemos un llamado a los respectivos gobiernos, a los órganos de la justicia, a la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y a los organismos que protegen los derechos humanos, a examinar y transparentar la situación de niños, niñas y adolescentes que están privados de libertad, llamarlos a informar periódicamente sobre las medidas especiales que están aplicando para protegerlos del contagio del coronavirus, garantizar el contacto con sus familias y personas relevantes y de qué manera llevan a cabo sus procesos educativos según lo determinan sus derechos.

Adicionalmente, que se evalúe oportunamente —teniendo en cuenta la mayor aflictividad que estas circunstancias extraordinarias imprimen a la sanción privativa de libertad— la posibilidad de sustituirla o ponerle término anticipado, de conformidad con las facultades que nuestros sistemas de justicia penal de adolescentes entregan a los tribunales o a la administración para adoptar esas decisiones.

Ana Paula Motta Costa
Karyna Sposato
Gonzalo Berríos
Álvaro Castro
Miguel Cillero
Jaime Couso
Ester Valenzuela
Susana Escobar
Carlos Tiffer
Ignacio Mayoral
Elizabeth Fuentes
Myriam Cabrera
María Concepción Molina
Sofía Cobo
Iván Meini
Grupo de Estudio Iberoamericano sobre Justicia Juvenil, convocado por Cideni