Conocido el envío de personal de las Fuerzas Armadas a las regiones del Biobío y de La Araucanía, para resguardar caminos en los que en las últimas semanas ha habido diversos ataques armados en contra de empresas, trabajadores y particulares, el vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, ha hecho declaraciones que colaboran significativamente a la clarificación de la situación nacional.

Sí, Llaitul le ha hecho un favor enorme a todo Chile, porque lo que ha afirmado no debe entenderse solo referido al terrorismo indigenista en esas zonas, sino que es un claro indicio de los propósitos de insurrección general —de guerra declarada— que animan a ciertas izquierdas.

Dijo Llaitul, con total desfachatez: “Si hay una ofensiva de parte de los militares en contra de las comunidades, va a haber una respuesta de nuestros weichafe, va a haber una respuesta organizada y militar inclusive en contra de las fuerzas de ocupación... la respuesta será también una respuesta de combate. (...) De hecho, ya estamos preparados para un enfrentamiento armado. (...) Hoy contamos con capacidad militar para la defensa de lo recuperado y para seguir avanzando”.

Es una declaración de guerra.

Pero lo más grave es que esa intención no puede circunscribirse solo a una apartada región del territorio nacional —el modo preferido en que comienzan a actuar las guerrillas rurales—, sino que esas expresiones están en perfecta sintonía con el lenguaje beligerante que han utilizado diversos actores desde octubre pasado.

Lo que Llaitul dice apenas tiene matices con la declaración de la bancada del PC de octubre de 2019, en la que se afirmaba que “respaldamos las llamadas evasiones masivas desarrolladas por estudiantes y ciudadanos… (porque) son acciones legítimas de desobediencia civil”, y con la promoción de dibujos que propiciaban el asesinato del Presidente, que hizo el diputado Gutiérrez.

Los anuncios de Messina sobre sus verdaderas intenciones para el día en que se reuniese una eventual Asamblea Constituyente, las palabras de Atria calificando de cadáver a una Constitución plenamente vigente, los sacrilegios promovidos desde sus presidencias parlamentarias por el diputado Flores y la senadora Muñoz, no son pura y simplemente el desprecio del Derecho. Son algo mucho más grave: son la promoción de un vacío que podría ser llenado por la fuerza, por la violencia insurreccional y, eventualmente, por la guerra civil.

Lo acabamos de vivir, durante meses, con una dramática evidencia: la guerrilla urbana se posesionó en sectores importantes de nuestras ciudades y, exactamente como lo anuncia Llaitul para las regiones en que actúa la CAM, esa guerrilla contó “con capacidad militar para la defensa de lo recuperado y para seguir avanzando”. Hubo más de mil policías heridos; decenas de muertos civiles por variadas causas, miles de actos violentos en cuatro meses, cuarentenas mucho antes de la pandemia... Y las tareas para llevar esa guerrilla urbana a un enfrentamiento directo de gran envergadura estaban perfectamente planificadas —¡e incluso anunciadas!— para el pasado mes de marzo.

Solzhenitsyn, en “La Rueda Roja”, describe el clima de postración cuando el Derecho deja de operar y un gobierno carece de voluntad para defender, con la fuerza legítima, la institucionalidad y la vida: “Era como si a través de la capital desde el primer momento, no hubiese habido ni traza de la autoridad estatal, como si el poder del Estado se hubiese convertido en un espectro a la caída de la tarde”.

Por supuesto, como el PC no está en el Gobierno, nadie le ha oído divulgar la consigna que con tanto entusiasmo proclamaba en 1973: “¡No a la guerra civil!”.