Editorial
Martes 30 de junio de 2020
Preparativos electorales
No es claro que el proceso logre resolver la aguda crisis política que está viviendo Bolivia.
Al gobierno interino de Jeanine Áñez no le quedó otra opción que promulgar la ley para fijar fecha de elecciones generales el próximo 6 de septiembre, a pesar de que entonces, según las autoridades, la pandemia estará en pleno desarrollo. La grave polarización que vive Bolivia se refleja en este apuro por repetir los comicios de octubre, anulados debido a las graves irregularidades denunciadas y que obligaron a Evo Morales a dimitir y refugiarse en el extranjero.
Finalmente, tras un acuerdo entre el MAS, de Morales, y partidos opositores minoritarios que apoyan al expresidente Carlos Mesa, la Asamblea Legislativa urgió a fijar fecha, ante lo cual Áñez cedió, desligándose de responsabilidades por el riesgo de contagio durante el proceso electoral.
Desde los graves disturbios de noviembre, provocados por las protestas contra el supuesto fraude electoral, y luego por los partidarios de Evo que acusaban un golpe de Estado, Bolivia no ha superado la crisis política, con un gobierno que no logra ganarse el apoyo popular, y que los partidarios del MAS consideran ilegítimo. El Legislativo ha obstruido la acción del gobierno y ha puesto trabas a las medidas económicas en ayuda de la población.
En medio de la pandemia, la oposición ha llamado a protestas en contra de la cuarentena, y se han vivido momentos de gran tensión en el Chapare, el bastión de Morales, una región en que la producción de coca es el principal sustento de la población, y que durante el gobierno del MAS vio crecer la superficie de cultivo legal de esa planta.
El coronavirus ha ido avanzando gradualmente en la población boliviana, y si bien el número de contagiados no llega a los 30 mil, y las muertes rondan las 900, el temor a un colapso hospitalario está presente, en un país donde el sistema sanitario es precario y las redes de agua potable no abarcan a todas las localidades.
Se habla de enfermos que fallecen en la calle porque no pueden ser atendidos en los hospitales, y las autoridades apuntan a los catorce años de gobierno del MAS de ser la causa de no haber invertido suficiente en salud, aprovechando la bonanza económica, en años de altos precios de los hidrocarburos.
Evo se defiende señalando que construyeron hospitales y centros sanitarios por más de 2.500 millones de dólares, y que si Bolivia está sufriendo por la pandemia, ello se debe a una “cuarentena sin planificación”, la que, a su juicio, traerá hambre y muerte.
En marzo, el gobierno decretó la cuarentena total, con toque de queda, cierres de fronteras (debido a eso, miles de bolivianos quedaron varados en Chile) y limitación de la movilidad. Esas medidas demoraron la expansión del virus, pero no han sido suficientes para controlar la pandemia. Recientemente, se anunció un plan de ayuda de unos 1.300 millones de dólares para proteger empleos y crear nuevos puestos de trabajo.
Los próximos meses serán cruciales, pero es improbable que unas elecciones desarrolladas en plena pandemia, con ciudadanos divididos política y socialmente, en medio de acuciantes problemas económicos, resuelvan la grave crisis que se vive en el país.
Finalmente, tras un acuerdo entre el MAS, de Morales, y partidos opositores minoritarios que apoyan al expresidente Carlos Mesa, la Asamblea Legislativa urgió a fijar fecha, ante lo cual Áñez cedió, desligándose de responsabilidades por el riesgo de contagio durante el proceso electoral.
Desde los graves disturbios de noviembre, provocados por las protestas contra el supuesto fraude electoral, y luego por los partidarios de Evo que acusaban un golpe de Estado, Bolivia no ha superado la crisis política, con un gobierno que no logra ganarse el apoyo popular, y que los partidarios del MAS consideran ilegítimo. El Legislativo ha obstruido la acción del gobierno y ha puesto trabas a las medidas económicas en ayuda de la población.
En medio de la pandemia, la oposición ha llamado a protestas en contra de la cuarentena, y se han vivido momentos de gran tensión en el Chapare, el bastión de Morales, una región en que la producción de coca es el principal sustento de la población, y que durante el gobierno del MAS vio crecer la superficie de cultivo legal de esa planta.
El coronavirus ha ido avanzando gradualmente en la población boliviana, y si bien el número de contagiados no llega a los 30 mil, y las muertes rondan las 900, el temor a un colapso hospitalario está presente, en un país donde el sistema sanitario es precario y las redes de agua potable no abarcan a todas las localidades.
Se habla de enfermos que fallecen en la calle porque no pueden ser atendidos en los hospitales, y las autoridades apuntan a los catorce años de gobierno del MAS de ser la causa de no haber invertido suficiente en salud, aprovechando la bonanza económica, en años de altos precios de los hidrocarburos.
Evo se defiende señalando que construyeron hospitales y centros sanitarios por más de 2.500 millones de dólares, y que si Bolivia está sufriendo por la pandemia, ello se debe a una “cuarentena sin planificación”, la que, a su juicio, traerá hambre y muerte.
En marzo, el gobierno decretó la cuarentena total, con toque de queda, cierres de fronteras (debido a eso, miles de bolivianos quedaron varados en Chile) y limitación de la movilidad. Esas medidas demoraron la expansión del virus, pero no han sido suficientes para controlar la pandemia. Recientemente, se anunció un plan de ayuda de unos 1.300 millones de dólares para proteger empleos y crear nuevos puestos de trabajo.
Los próximos meses serán cruciales, pero es improbable que unas elecciones desarrolladas en plena pandemia, con ciudadanos divididos política y socialmente, en medio de acuciantes problemas económicos, resuelvan la grave crisis que se vive en el país.
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