Cinco cambios gigantescos ocurren simultáneamente en Estados Unidos, dice David Brooks, y están creando “un desastre moral, espiritual y emocional” en los norteamericanos. Su nivel de felicidad no estaba tan bajo en 20 años, y su sentimiento de orgullo es el peor en cinco décadas, según las encuestas que cita el columnista del New York Times.
Las cinco crisis que detalla Brooks son las de la pandemia, el conflicto racial, el rechazo a la autoridad de Donald Trump, la expansión de una ideología de la justicia social, que impone una interpretación sesgada de la política y de la historia, y la recesión económica. Una mezcla explosiva que se ha visto manifestada en las calles, con protestas multitudinarias, algunas pacíficas y otras extremadamente violentas.
Este panorama que describe Brooks está detrás de lo que ocurre en la capital del estado de Washington. Ahí está la CHOP (Capitol Hill Occupied Protest). Son seis manzanas en un barrio “gentrificado” de Seattle, la llaman la “zona liberada de policías” de esa ciudad cool del noroeste de Estados Unidos, y quienes la tomaron no quieren saber nada de las autoridades. No todos son anarquistas, pero desconfían de los políticos y más de las fuerzas de seguridad, y pretenden quedarse ahí hasta que se cumplan sus demandas, que no son pocas ni sencillas.
Las protestas que se desataron en contra de la “brutalidad policial” después del asesinato de George Lloyd por un agente en Minneapolis, atravesaron EE.UU., pero se instalaron en Seattle, con la creación de esta “zona autónoma”, después de que la policía abandonó una comisaría tras violentos disturbios.
Los activistas exigen quitarle el 50 por ciento del financiamiento al departamento de policía local y liberar sin cargos a los detenidos en las protestas, pero además, “desmantelar el racismo sistémico”, igualdad social y garantizar los derechos humanos de “inmigrantes, indios, comunidad LGTBQ+”, entre otros.
La alcaldesa, empática y comprensiva, en un comienzo dijo que no desalojaría, que podía avizorar un “verano de amor”. Dos semanas después cambió de opinión. Los desmanes nocturnos, los reclamos de residentes, las demandas judiciales de comerciantes del sector y el tiroteo que dejó un muerto y dos heridos terminaron con la buena onda de la edil, quien anunció que recuperaría el territorio.
Cuándo, no lo sabe, porque no enviará fuerzas de seguridad y tiene que convencer a los ocupantes, cuyos líderes no se presentan a dialogar, e insisten, vía indirecta, en su petitorio. La alcaldesa dijo que restaría cinco por ciento del presupuesto policial y pidió elaborar un estudio de cómo sería la policía con el 20, el 30 y el 50 por ciento menos de recursos. Todo vale para calmar a los manifestantes.
Esta será una prueba de fuerza entre las autoridades elegidas democráticamente y un grupo que se adjudica la representación popular. La comunidad local tiene derecho a disfrutar de su barrio, y no a depender de grupos que se arrogan motu proprio la seguridad y el orden. Porque si en la CHOP se ven ocupantes de carpas en los parques, muestras de arte en las calles, reparto de comida gratis, paseos y debates públicos, hay también, especialmente en la noche, consumo de drogas, activistas con armas automáticas y grupos rivales que se involucran en riñas, como la que dejó al joven muerto y a los dos heridos graves.