A buena parte del Parlamento, así como a algunos miembros del Poder Judicial, parece que se les olvidó que en Chile rige el Estado de Derecho, esto es, que en nuestro país se han de respetar las reglas, sin condiciones, y que ninguna autoridad puede decidir suspender el derecho a su voluntad.

Ese entendimiento, hoy quebrado, es de la mayor importancia. No solo porque el conjunto de reglas nos permite convivir en sociedad de manera razonable y respetuosa, al margen del caos, sino porque además es el Estado de Derecho, y no otra cosa, lo que limita y restringe el poder de los políticos, los jueces y el de otras autoridades en favor de la libertad y de los derechos de los individuos. En otras palabras, es la regla objetiva ante la cual nos asilamos los ciudadanos para precaver y resguardarnos del abuso del poder.

Cuando la política o los poderes del Estado hacen caso omiso del Estado de Derecho o hacen de este una excepción y no la regla, lo que están haciendo es conducirnos a un escenario muy peligroso, parecido al de una revolución. Si la norma y la certeza jurídica no juegan ningún rol o su rol es residual, a elección de quienes ostentan el poder, entonces ellos ejercerán sus atribuciones sin contrapeso o control alguno y la ciudadanía quedará como rehén, viviendo al compás de lógicas y proyectos personalistas de los poderosos, que estarán más interesados en perpetuar su poder que de velar por el bien común.

Algunos estiman que el problema que expongo y los riesgos que advierto son preocupaciones de elite, a la que apellidan, además, de desapegada de las necesidades de los ciudadanos, de inflexible y de no ser capaz de discutir materias que, conforme ellos estiman, ayudarían a la población, pero que implican saltarse el Estado de Derecho. No puedo estar más en desacuerdo con quienes piensan así. Ese camino, que permite a quienes ostentan el poder (parlamentarios, jueces, etc.) saltarse las reglas porque el fin justifica los medios o porque les parece que las normas son injustas, en realidad no es otro que un camino que conduce hacia la tiranía y hacia un Estado autoritario que derrota las libertades de los ciudadanos.

Muy por el contrario de lo que muchos intentan instalar, las reglas no son un obstáculo para la consecución de los fines. Es más, son las reglas las que permiten la existencia de un proceso razonado que aspira a satisfacer determinadas demandas y objetivos, al tiempo que aseguran el resguardo de otros bienes jurídicos y derechos que valoramos en la sociedad, como la protección de las libertades y de la autonomía de cada quien. La sociedad es un universo complejo, lleno de interrelaciones y coordinaciones, y son las reglas las que ayudan a ponderar los objetivos e instrumentos disponibles y a resguardar que, en aras de la consecución de algunos fines, no se lesionen otros o que la lesión sea mínima. Pero la política y los jueces, a ratos, parecieran olvidar el imperio de la ley y su relevancia para la vida en sociedad, entregándose a un simplismo ramplón que desatiende la complejidad de los fenómenos sociales, ofreciendo soluciones demagógicas que no consideran las reglas ni menos el apego a las mismas, rompiendo con ello la condición sine qua non que los ciudadanos les hemos puesto para otorgarles el poder que ejercen.

Esta cuestión es de la máxima importancia. Por ello me resulta alarmante quienes insisten en rebajar el nivel de la discusión sobre esta materia a un plano emocional o de superioridad moral, en el que construyen un escenario ficto en el cual quienes hacemos ver la relevancia del Estado de Derecho, del rule of law, en realidad no entendemos nada sobre las necesidades de la ciudadanía, las que solo serían comprendidas por un puñado de virtuosos paladines de la justicia dispuestos a saltarse la ley por los ciudadanos. Vaya ironía, porque el asunto es que sin reglas y sin ley no hay justicia posible para los ciudadanos. Así de simple. Sin reglas quedamos a merced de lo que esos paladines momentáneos estimen que es mejor para nosotros, pasando a llevar nuestra autonomía y libertad para decidir por nosotros mismos.

Ante el peligro que encierra esta tendencia de desviarse de las reglas y ante los atajos y justificaciones que desde las esferas del poder nos dan constantemente para no cumplirlas, los ciudadanos debemos permanecer activos y atentos. Debemos llevar registro y estar conscientes de cada una de esas vulneraciones y de quiénes las promueven, para sancionar con nuestro voto y con las acciones que el derecho nos franquea la vulneración de la buena fe y la confianza depositada en ellos.