Que el Gobierno y la oposición fueran capaces de alcanzar un entendimiento para un plan de emergencia y reactivación para los próximos dos años es un hecho valioso, que ayuda a recuperar la confianza en las instituciones. Este acuerdo involucra un aumento importante del gasto público. La deuda crecerá de un 28% a un 43% del PIB entre 2019 y 2022, y nuestros fondos soberanos se reducirán de un 9,5% a un 5% del PIB en igual período. Un gasto significativo, que nos dejará al borde de nuestras capacidades de endeudamiento, pero muy necesario para enfrentar el momento que estamos viviendo y que requiere una ejecución eficiente.

Se crea un fondo por US$ 12.000 millones para enfrentar la crisis en un período de 24 meses, que el Gobierno puede gastar de manera flexible, con rendición de cuentas al Congreso en forma mensual. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando del costo del orden de 24 hospitales de alta complejidad. Quienes hemos estado en el servicio público sabemos que no es trivial que se entregue este grado de flexibilidad por tantos recursos a un gobierno. Un signo importante de confianza y generosidad por parte de quienes no forman parte de esta Administración.

El acuerdo recoge una serie de medidas que la oposición planteó hace meses, y que el Gobierno, en un primer momento, no acogió por diversas razones. En particular, la ampliación de la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia, tanto en el número de personas como también en el período de apoyo a las familias más vulnerables. Una respuesta que permite entregar un grado de certidumbre a muchos hogares que sienten angustia respecto a cómo financiarán sus gastos básicos en el corto plazo.

El entendimiento también contempla la recuperación pospandemia. Esta etapa será difícil. Saldremos más pobres. Muchos con una mochila de obligaciones financieras muy pesada. Por eso, se aumenta el subsidio a la contratación de jóvenes y mujeres hasta el 60% de la población. Adicionalmente, se plantea un subsidio a la recontratación. Así también se incluyen mejoras necesarias al actual Fogape-Covid, como la eliminación del deducible que actualmente tiene.

Se establece, con un acuerdo amplio, que se debe respaldar a las empresas más grandes. En especial, que las empresas estratégicas deben ser apoyadas con mecanismos hechos caso a caso, sin prejuicios, vía deuda, seguros y también con participación en la propiedad por un período corto. Más allá de cuál sea la fórmula, esto muestra que las partes sobrepusieron la urgencia actual a sus posiciones ideológicas, por muy válidas y necesarias que sean para una política sana.

Es un buen punto de partida. Ahora necesitamos políticas y mecanismos concretos que permitan que el apoyo llegue en forma rápida y simple a quienes lo necesitan. Para ello es indispensable que se consideren las capacidades del Estado. La entrega de las cajas de alimentos debería servir de lección. Apostar a que solo la logística del Estado era suficiente para llegar a los barrios retrasó la ayuda a las familias, afectó a los negocios de barrio y dio espacio a un eventual mal uso de la misma.

Todo lo anterior es clave para ayudar al cumplimiento de las medidas sanitarias y mitigar los efectos económicos de la pandemia. Pero todavía nos falta definir un camino racional para salir de la situación extrema actual. Esto requiere que nosotros como ciudadanos cumplamos con nuestros deberes, y que se aplique con mayor rigor, control y sanciones lo dispuesto por la autoridad sanitaria.