En la madrugada del domingo pasado finalmente se llegó a un marco de entendimiento político y legislativo entre el Gobierno, la derecha y tres partidos de oposición. Estos fueron el PPD, el PS y la Democracia Cristiana; lamentablemente, el partido Revolución Democrática, que participó en el diálogo antes de firmarlo, se retiró.

En dicho marco, la oposición logró avances sustantivos en dos materias específicas: la inyección de US$ 500 millones a la atención primaria de salud municipal y el aporte del Gobierno central de US$ 120 millones a las municipalidades. Estas últimas viven un momento financiero muy difícil, no obstante que son “la primera línea” en la lucha contra el virus en el territorio producto de la postergación de pagos de la primera cuota del permiso de circulación y de la primera cuota de las contribuciones.

Lo anterior significó una merma transitoria de $220.000 millones que fueron compensados por el Gobierno hace un mes, con $230.000 millones. De tal manera que esta nueva inyección de recursos constituye una ayuda objetiva a los municipios.

En respuesta a la crisis social, el marco de entendimiento logró avanzar en el Ingreso Familiar de Emergencia, pasando de $65.000 a $100.000 por persona y considerando una familia tipo de cuatro personas se pasó de $260.000 a $400.000. Hay que recordar que los opositores que llegaron a este acuerdo solicitábamos la línea de la pobreza, es decir, $171.000 por persona y $450.000 para una familia de cuatro integrantes. Lo segundo que se logró fue ampliar la cobertura de un 60% de familias vulnerables a un 80% de ellas. El tercer logro es que incorpora a todo tipo de trabajadores que debieran complementar sus ingresos actuales hasta llegar al mínimo individual o al colectivo de cuatro personas, de tal manera que un trabajador finiquitado con subsidio de cesantía; un trabajador informal con algunos ingresos; un trabajador que se acogió a la ley de suspensión temporal del empleo y un trabajador independiente que emite boletas de honorarios, si sus respectivos ingresos no alcanzan los mínimos establecidos, tiene derecho a recibir este Ingreso Familiar de Emergencia. En cuarto lugar, se logró que los trabajadores que reciben el subsidio de cesantía, tanto si fueron finiquitados como si están en suspensión temporal del empleo, se les garantiza una tasa de reemplazo no inferior al 55% de su último salario, de tal manera de otorgar una estabilidad mínima a sus ingresos.

Todo lo anterior para ser efectivo requiere dos pasos administrativos: la incorporación al registro social de hogares y la apertura de una cuenta Rut. Si esto no ocurre, la ayuda no llega. Para que nuestros lectores tengan una dimensión del registro social de hogares, este hoy tiene registrado 5.300.000 hogares que implican 13.400.000 personas y que, en consecuencia, cubren al 74% de la población.

De las cifras anteriores, el 73% —es decir, 3.828.000 hogares— corresponde al 60% de la población más vulnerable y el 87% de la cifra principal corresponde a 4.611.000 hogares que constituyen el 80% de la población más vulnerable.

Considerando que la información oficial del Ministerio de Desarrollo Social indica que hoy están postulando a dicho registro 2.800.000 hogares, tanto para incorporarse como para actualizar su nueva situación socioeconómica, explica la envergadura de la crisis y obliga que los procesos de incorporación a dicho registro sean mucho más eficientes que lo que está ocurriendo en el presente.

Por parte de la oposición firmante de este marco de entendimiento, esperamos que este apoyo estatal ayude a enfrentar la crisis y que no vuelva a ocurrir lo que pasó hace un mes con el Ingreso Familiar de Emergencia 1, en que el Gobierno nunca entendió lo que decíamos y que era que el monto era muy bajo, la cobertura también y que excluía a diversos tipos de trabajadores. Finalmente, por parte de la oposición se hizo el máximo esfuerzo para que el Gobierno entendiera que en lo inmediato había que apoyar a millones de chilenos que lo están pasando muy mal.