Hace ya años, desde cierta derecha, se comenzó a acusar al modelo subsidiario de estar faltando a sus deberes. “Solo les interesa la subsidiariedad negativa”, decían, ridiculizando; “solo les importa el espacio de los privados”, sostenían, sin apreciar cuánta acción estatal había venido desplegándose legítimamente en varios campos de la actividad nacional, con los votos de muchos derechistas. “El suyo es un liberalismo que ha traicionado a la subsidiariedad”, afirmaban, repitiendo una consigna que las izquierdas miraban con agrado.

En paralelo, desde el mundo de la fenecida Nueva Mayoría, unos llegaron a la conclusión de que lamentablemente la subsidiariedad sí funcionaba —para bien del país— y que como podía estar en jaque la continuidad de las pésimas reformas Bachelet destinadas a aniquilarla, solo se les abría el camino de la violencia insurreccional. Era la única forma, pensaron, de eliminar ese “colchón maldito” de la subsidiariedad: obligar al Estado a ser represor directo de los ciudadanos, violándoles sus derechos.

Parte importante de las izquierdas, seamos justos, quería implantar pacíficamente “el otro modelo”, pero no terminaron de rechazar la fórmula insurreccional aplicada desde octubre. “Si nos lleva a una nueva Constitución en que pueda suprimirse la subsidiariedad, habrá que hacer vista gorda a la violencia”.

Y resulta que hoy, en medio de la pandemia, todas las energías de la subsidiariedad activa están en marcha.

¿Sobre qué fundamento?

Sobre este, que Jaime Guzmán redactara hace medio siglo: “El Estado puede asumir aquellas actividades que, aunque teóricamente podrían ser desempeñadas por los particulares... en el hecho no son llevadas a cabo satisfactoriamente por estos. Pero para que dicha forma de acción supletoria del Estado sea legítima, es menester que concurran dos condiciones: que la autoridad estatal haya agotado los esfuerzos para que el vacío sea llenado por los particulares, y que la actividad en cuestión resulte necesaria para el bien común”.

Y así viene sucediendo, especialmente en áreas muy dañadas por la doble crisis, como han sido Salud, Trabajo y Educación, entre otras.

Tendrán que reconocer los críticos que no han sido las izquierdas las que, en el nombre del estatismo, han desplegado estas tareas; y ya se estarán atragantando los violentistas, al comprobar que la subsidiariedad vuelve a demostrar su vitalidad y que les hará algo más difícil ejecutar la segunda fase de sus designios insurreccionales.

Pero Jaime Guzmán tenía muy claro el carácter transitorio que debe caracterizar a toda política de subsidiariedad activa. Afirmaba: “Y aun en este caso, el Estado debe proseguir su estímulo a la iniciativa privada para que remedie tal vacío, ya que este denota una falta de vitalidad del cuerpo social que conviene superar. En la medida en que lo consiga, el Estado se liberará de esa tarea de suplencia, y podrá reforzar su acción en lo que más específicamente le corresponde, que son aquellas tareas que por su naturaleza jamás podrán ser adecuadamente asumidas por los particulares, ni individualmente ni a través de las sociedades intermedias que puedan generar”.

En los próximos meses, el destino de Chile —¡no solo de su economía o, en concreto, del empleo!— se va a jugar en estos tres polos: el estímulo estatal para la recuperación de la vitalidad privada; el sacrificio y la creatividad de los ciudadanos para desplegarse en mil iniciativas sociales conjuntas; y, de nuevo, la decisión y capacidad del Estado para enfrentar directa y exclusivamente cualquier rebrote de violencia.

Si uno de estos tres pilares falla, todo este esfuerzo habrá sido en vano.